Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– La comunidad indígena de Huitzilatl logró la cancelación definitiva del Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan. El proyecto se planeaba ubicar en los municipios de Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec y Zoquitlán, Puebla, para abastecer de energía a la minera Autlán que opera una planta en Teziutlán.
“Se buscaba entubar el río Huitzilatl, el único con agua potable del que se abastece la comunidad. El riesgo no solo era para la fauna y flora endémica, sino para la comunidad al privarles el acceso a ese bien esencial para la vida”, dijo Leonel Rivero, abogado del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena y Popular (MASCIP), conformado por pueblos originarios de la Sierra Negra, el Valle de Tehuacán y la Mixteca poblana.
El 15 de noviembre de 2017, la comunidad nahua localizada en el municipio de Coyomeapan, en el límite con Oaxaca, interpuso un juicio de amparo en contra del proyecto de las empresas mexicanas Proyectos Hidroeléctricos de Puebla y Compañía Hidroeléctrica de Puebla, por la violación del derecho a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada.
El recurso jurídico también acusó la violación de los derechos a la preservación del territorio, a la familia, a la alimentación, a la salud, al agua, al medio ambiente sano, a la vivienda, a la cultura, al deporte, y al interés superior del niño.
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil, Administrativa en el Estado de Puebla admitió la demanda de amparo 2274/2017 el 22 de febrero de 2018. Ante la Secretaría de Energía y de Medio Ambiente, el 11 de diciembre de 2018 las compañías se desistieron parcialmente de la autorización de Impacto Ambiental y Social del proyecto hidroeléctrico “al ser inviable técnica y económicamente” en la parte del subsistema Atzalan- Huitzilatl, explicó el abogado que interpuso el amparo.
El Juzgado estableció que para que pudieran continuar con el sistema hidroeléctrico, las empresas debían aplicar la consulta libre, previa e informada a la comunidad de Hutzilatl. No obstante, antes de la interposición del amparo, la asamblea comunitaria de manera unánime ya había determinado su oposición al mismo.
La resolución del amparo mostró que el derecho a la consulta de la comunidad nahua de Huitzilatl, Puebla, fue violentado, pero no es el único caso, afirmó el Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena y Popular (MASCIP).
En la Sierra Norte, totonacas siguen luchando contra una hidroeléctrica de la empresa Deselec 1-Comexhidro que planea abastecer de energía a Walmart, Waldo’s, Vips, Suburbia, Colchas México e Ileana Jinich Mekler a expensas del río Ajajalpan.
Desde 2016 las comunidades de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec interpusieron un juicio de amparo contra el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) por la falta de consulta libre, previa e informada, ausencia de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y por la violación a su derecho al agua y al territorio, donde pescan y cultivan milpa. El recurso jurídico sigue en proceso.
El Gobierno federal ha anunciado la idea de modernizar y potenciar 60 centrales hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cumplir con la Ley de Transición Energética. Algunas datan desde 1880 y 1898, documenta el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat).
Sin embargo, estos proyectos implican emisiones de metano por el acumulamiento de desechos en ríos estancados, desplazamientos de comunidades por posibles inundaciones, así como el riesgo de violación del derecho a una consulta indígena.
Ante ese panorama, agregó MASCIP en un comunicado, seguirán exigiendo que se legisle en materia del derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, para que a través del consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado sean quienes decidan sobre su territorio y sus recursos naturales.
“Las concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos y diversos megaproyectos que se han querido imponer a los pueblos y comunidades indígenas deben ser cancelados si les fue violentado su derecho a la consulta”, afirmó. “El Gobierno federal no debe de continuar con la política de imposición de megaproyectos como lo está haciendo con el Tren Maya, Corredor Transístmico y el Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía”, requirió el movimiento indígena y campesino.
