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sábado, noviembre 23, 2024

Ley Combustóleo

Carla Neudert
Carla Neudert es licenciada en Derecho y maestra en Educación por la UVM; maestra en Administración eficiente de la energía y sus fuentes renovables, por el ITESM, actualmente es estudiante de doctorado en Administración Pública en el ISAP.

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Mucho se ha hablado sobre la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria eléctrica presentada por el Presidente López Obrador, y aprobada por la Cámara de Diputados recientemente, solo faltaría la votación del Senado en un máximo de 30 días para que, en caso de aprobarse, inicie su vigencia.

Esta iniciativa se vende, y así la defienden los Diputados que la aprobaron, como un proyecto de transformación, para combatir la corrupción,  darle seguridad al sistema eléctrico, bajar las tarifas, rescatar, ordenar y fortalecer a la CFE, ya que el objetivo anterior era destruirla, según palabras del Presidente.

Sin embargo, y a través de un somero análisis, es importante recalcar algunos puntos que se mencionan entre opinólogos -como yo- que defienden la iniciativa en el sentido en que fue presentada, y otros tantos de quienes se oponen a la misma.

En primer lugar, desde mi perspectiva, la iniciativa es totalmente contraria a los objetivos que persigue la Ley de la Industria eléctrica vigente, basados en la eliminación del monopolio de CFE, abriéndose a la competencia para impulsar el desarrollo de energías renovables, promoviendo la inversión, sin que el Estado pierda la rectoría del mismo.

Es así como CFE, al hacerla una empresa productiva del Estado, puede competir con la Iniciativa Privada (IP) en generación y comercialización de la energía, quedándose el Estado a cargo del control y regulación del sistema eléctrico a través de CENACE y la CRE, mientras que CFE-Suministrador, a la fecha continúa siendo el único suministrador de servicios básicos en el  país.

Lo más interesante de aquella reforma, es que les permitió a particulares celebrar entre ellos, contratos de compra-venta de energía, pactando precio, cantidad de energía y período, además de los CEL´s,  con lo cual se daba certidumbre e incentivaba inversiones, volviendo  más competitivas a grandes empresas, limitadas por las elevadas tarifas y consumos de energía.

Sin embargo, la iniciativa presentada actualmente, elimina esta libre competencia,  y abre una ventana que genera aún más incertidumbre, al dejar una facultad discrecional para dar acceso a la RED, cuando según ellos, sea “técnicamente factible”.

Así mismo, la CRE podrá revocar permisos y contratos de la IP, obligando a grandes consumidores (empresas) a comprarle de nuevo energía a CFE, lo que implicaría de nueva cuenta incertidumbre y aumento en los costos de la energía, y con ello, un retroceso en la competitividad.

Y para cerrar el círculo, debido a la nueva figura de Contrato de Cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, que contempla esta iniciativa, basada en la transacción comercial en cierta hora y fecha futura, vuelve casi imposible celebrar este tipo de contratos con plantas renovables y privilegia a las centrales a base de combustóleo.

Cuando se dice que esta iniciativa, aumentará los costos de la energía, es debido al cambio que contempla en  el criterio para el despacho de energía, privilegiando de nueva cuenta los contratos de entrega física, es decir, de generación tradicional y con esto también nos aleja del compromiso ambiental adquirido en el acuerdo de parís, condenándonos al consumo de combustóleo, a la ausencia de inversiones y el repudio de Países que se encuentran luchando en contra del cambio climático.

Por todo lo anterior, es que esta reforma es conocida ya como “Ley combustóleo”, en los términos en la que fue presentada y aprobada por los Diputados,  es en mi opinión, una amenaza a los pocos instrumentos apalancadores de la economía nacional, que de nueva cuenta conflictuará al Estado con la IP y con la Comunidad Internacional, pero que además nos obligará a subsidiar el uso de energía con combustibles fósiles, y marcará un camino distinto al de la sustentabilidad.

En conclusión, el discurso como siempre es el correcto, no dudo que hayan existido actos de corrupción en el camino que deban ser sancionados, permisos revocados previa investigación y proceso,  y por supuesto, toda ley es perfectible y en mi opinión puede y debe cambiar conforme al devenir humano, sin afectar derechos adquiridos, sin embargo,  el gobierno federal, en lugar de apostarle a fortalecer a CFE a través de la inversión en infraestructura y tecnología para hacerla mas competitiva, le sigue apostando a la confrontación, al populismo y la demagogia, como mecanismos de control social, pero en el inter, se puede llevar a México entre las patas.

Aviso

La opinión del autor(a) en esta columna no representa la postura, ideología, pensamiento ni valores de Proyecto Puente. Nuestros colaboradores son libres de escribir lo que deseen y está abierto el derecho de réplica a cualquier aclaración.

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