Aunque el arresto del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por parte de las autoridades de Estados Unidos, y las acusaciones en su contra de tráfico de drogas fueron considerados hechos explosivos, lo cierto es que resulta difícil pensar en un juicio contra él por parte de las autoridades mexicanas, debido a las dudas que plantean las evidencias de EEUU.
Tras el regreso de Cienfuegos, las investigaciones estadounidenses pasaron a manos de las autoridades mexicanas, así como la determinación de investigar y posiblemente acusar al general. Si bien los fiscales federales insistieron que las pruebas en torno al general eran sólidas, personas allegadas a la pesquisa declararon para The Wall Street Journal que eran “principalmente circunstanciales”, además de que carece de evidencias directas.
En una misiva dirigida al juez federal de Estados Unidos tras el arresto de Cienfuegos, los funcionarios de la oficina del fiscal de EEUU en Brooklyn señalaron miles de mensajes de BlackBerry interceptados, los cuales presuntamente mostraban una comunicación directa entre el general y un narcotraficante de alto nivel. Incluso señalaron que contaban con su nombre, título y fotografía como colaborador.
A causa de la vaguedad de estos mensajes, los investigadores dijeron no estar de acuerdo sobre qué tan persuasivas podrían ser las pruebas ante el tribunal. Algunos se mostraron preocupados de que no fueran lo suficientemente sólidas como para asegurar una condena.
Los fiscales también dijeron en la misma carta que el caso estaba respaldado por acontecimientos como incautaciones de droga, en las cuales, según testimonios, habría participado el ex secretario.
Cienfuegos fue arrestado en octubre cuando llegaba a Los Ángeles para unas vacaciones familiares, acusándolo de aceptar sobornos a cambio de proteger a los líderes del narcotráfico durante su periodo al frente de la Sedena, el cual fue del 2012 al 2018.
En este sentido, la portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas, comentó que la agencia desestimó el caso por preocupaciones relacionadas con política exterior y “no por alguna debilidad percibida en el caso”.
Incluso refirió que la investigación contra el ex funcionario en México procederá conforme las leyes de ese país, pero fue clara al decir que los Estados Unidos “se reservan el derecho de reiniciar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el gobierno de México no lo hace”.
No obstante, el hecho de que se tengan más pruebas circunstanciales representa una dificultad para el sistema jurídico de este país, el cual necesita de otros elementos que las sustenten, como movimientos financieros o testigos, comentó al mismo medio el abogado Ulrich Richter.
López Obrador ha comentado que la Fiscalía General de la República está llevando a cabo la investigación correspondiente además de que no habrá impunidad en el caso. “Ya no es como antes, ya no hay impunidad, pero las venganzas políticas son inaceptables en el gobierno que represento, son otros tiempos”, dijo.
Y es que un caso como este ha puesto entre la espada y la pared al presidente López Obrador. Por un lado, el enjuiciamiento contra el militar podría provocar enojo en el ejército, una institución en la cual ha puesto su total confianza e incluso le ha dado múltiples tareas, como la construcción de sus tres megaobras, además de una importante participación en las labores médicas contra la pandemia.
Sin embargo, en el otro lado está su compromiso de combatir la corrupción, el cual podría verse socavado si no se decide procesar al ex general, tal y como piensa la mayoría de los mexicanos que sucederá.
Aunque la decisión de las autoridades de Estados Unidos sobre devolver a Cienfuegos a México fue por un asunto de cuidado a la política exterior, los funcionarios de ese país, semanas más tarde, vieron cómo López Obrador impulsó una ley que podría paralizar los vínculos bilaterales en materia de aplicación de la ley.
La regulación, que ya fue aprobada por el Senado de la República, restringiría y permitiría monitorear las actividades de los agentes de EEUU, como los de la DEA, en territorio mexicano, algo que preocupa al Departamento de Justicia, pues beneficiaría a los cárteles del narcotráfico y limitaría la cooperación entre ambos países.
Aunque el arresto del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por parte de las autoridades de Estados Unidos, y las acusaciones en su contra de tráfico de drogas fueron considerados hechos explosivos, lo cierto es que resulta difícil pensar en un juicio contra él por parte de las autoridades mexicanas, debido a las dudas que plantean las evidencias de EEUU.
Tras el regreso de Cienfuegos, las investigaciones estadounidenses pasaron a manos de las autoridades mexicanas, así como la determinación de investigar y posiblemente acusar al general. Si bien los fiscales federales insistieron que las pruebas en torno al general eran sólidas, personas allegadas a la pesquisa declararon para The Wall Street Journal que eran “principalmente circunstanciales”, además de que carece de evidencias directas.
En una misiva dirigida al juez federal de Estados Unidos tras el arresto de Cienfuegos, los funcionarios de la oficina del fiscal de EEUU en Brooklyn señalaron miles de mensajes de BlackBerry interceptados, los cuales presuntamente mostraban una comunicación directa entre el general y un narcotraficante de alto nivel. Incluso señalaron que contaban con su nombre, título y fotografía como colaborador.PUBLICIDAD
En este sentido, la portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas, comentó que la agencia desestimó el caso por preocupaciones relacionadas con política exterior y “no por alguna debilidad percibida en el caso”.
Incluso refirió que la investigación contra el ex funcionario en México procederá conforme las leyes de ese país, pero fue clara al decir que los Estados Unidos “se reservan el derecho de reiniciar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el gobierno de México no lo hace”.
No obstante, el hecho de que se tengan más pruebas circunstanciales representa una dificultad para el sistema jurídico de este país, el cual necesita de otros elementos que las sustenten, como movimientos financieros o testigos, comentó al mismo medio el abogado Ulrich Richter.
López Obrador ha comentado que la Fiscalía General de la República está llevando a cabo la investigación correspondiente además de que no habrá impunidad en el caso. “Ya no es como antes, ya no hay impunidad, pero las venganzas políticas son inaceptables en el gobierno que represento, son otros tiempos”, dijo.
Y es que un caso como este ha puesto entre la espada y la pared al presidente López Obrador. Por un lado, el enjuiciamiento contra el militar podría provocar enojo en el ejército, una institución en la cual ha puesto su total confianza e incluso le ha dado múltiples tareas, como la construcción de sus tres megaobras, además de una importante participación en las labores médicas contra la pandemia.
Sin embargo, en el otro lado está su compromiso de combatir la corrupción, el cual podría verse socavado si no se decide procesar al ex general, tal y como piensa la mayoría de los mexicanos que sucederá.
