En dos décadas de alternancias, partidos, candidatos, sindicatos, empresarios y gobiernos han sofisticado sus estrategias para burlar la ley y seguir inyectando recursos a la política de manera ilegal.
Hace 20 años, la alternancia en la presidencia de la República puso fin al régimen de partido único, pero con la apertura de la nueva etapa democrática nació, al mismo tiempo, la era de los escándalos por financiamiento ilegal de la política.
El irrefutable triunfo de Vicente Fox en las elecciones del 2 de julio de 2000 se vio muy pronto manchado por la denuncia del priista Enrique Jackson, quien alertó sobre la existencia de la asociación civil Amigos de Fox, una estructura paralela de campaña que le permitió al guanajuatense no sólo sacudirse los amarres estatutarios y doctrinarios del Partido Acción Nacional, sino crear una red ilegal de financiamiento a su campaña.
Después de tres años de investigación, en octubre de 2003 el IFE determinó que la Alianza por el Cambio había recibido recursos de procedencia ilícita que no reportó a la autoridad electoral y que lo llevaron a rebasar los topes de gastos de campaña, e impuso una multa de 498 millones de pesos al PAN y el Partido Verde.
En paralelo, a instancias del entonces secretario de la Función Pública, Francisco Barrio, se comenzó a investigar una trama de financiamiento a la campaña del excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, con recursos de Petróleos Mexicanos triangulados a través del Sindicato Petrolero.
La investigación fue igualmente ardua y tortuosa y, en marzo de 2003, el Consejo General del IFE decidió castigar al PRI con una multa de mil millones de pesos, equivalentes al doble de los 500 millones de pesos que no reportó a la autoridad electoral.
Aquel IFE encabezado por José Woldenberg, con una Comisión de Fiscalización presidida por el consejero Alonso Lujambio, manifestó entonces que las multas históricas a los partidos involucrados en Amigos de Fox y el ‘Pemexgate’ debían convertirse en una advertencia para que los partidos no volvieran a incurrir en esas conductas.
No fue así
En las dos décadas siguientes, partidos, candidatos, sindicatos, empresarios y gobiernos fueron haciendo cada vez más sofisticadas sus estrategias para burlar la ley y seguir inyectando recursos a la política de manera ilegal.
En 2003, René Bejarano acudía a las oficinas de Carlos Ahumada para recoger fajos de billetes para financiar las campañas del PRD en la capital del país, según se reveló en febrero de 2004, con los famosos videoescándalos.
En 2006, cuando era legal la compra de espacios de publicidad política en la radio y la televisión, fue evidente la cargada de empresarios y televisoras para frenar a Andrés Manuel López Obrador, lo que causó una clara inequidad en la competencia en favor del panista Felipe Calderón.
En los años siguientes, cundieron los escándalos de políticos y gobiernos trasladando dinero: desde el exdiputado del PVEM, Arturo Escobar, llegando a Chiapas con un bolso Louis Vuitton repleto de billetes, en 2009; hasta la detención de dos empleados del gobernador Javier Duarte de Veracruz en el aeropuerto de Toluca, por transportar dos maletas con 25 millones de pesos en efectivo, en enero de 2012.
Ese año, la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto se vio manchada por el escándalo de Monexgate, en el que el IFE nuevamente investigó durante meses una trama de financiamiento ilegal, sin llegar a fondo ni alcanzar un acuerdo para multar al PRI. (La propuesta de multar al tricolor, defendida por los consejeros Lorenzo Córdova, Benito Nacif, Alfredo Figueroa y María Marván, fue derrotada por el bloque de cinco consejeros encabezado por el entonces presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita).
En 2015, la elección por la gubernatura de Colima se anuló después de que se comprobara que el gobierno estatal priista utilizó el aparato gubernamental para desviar recursos a la campaña del candidato de su partido a la gubernatura.
En ese mismo año, el INE aprobó una multa de 322 millones de pesos al Partido Verde (la tercera más cuantiosa de la historia) por recibir aportaciones de sus legisladores de manera ilícita y violentar el principio de equidad, (la multa fue rebajada por el Tribunal Electoral a 214 millones de pesos).
En 2017, las elecciones del Estado de México estuvieron plagadas de acusaciones por el presunto uso de recursos públicos del gobierno federal y del gobierno estatal en favor de la campaña de Alfredo del Mazo. Y, en Coahuila, se acreditó el rebase del tope de gastos de campaña del priista Miguel Riquelme, y aunque el INE decidió anular los comicios, el Tribunal Electoral confirmó el triunfo del priista.
Ese mismo año, después de los sismos de septiembre, Morena creó un fideicomiso para recabar aportaciones de sus militantes y destinarlos a los damnificados. Tras investigar y concluir que Morena no reportó ese fideicomiso, recibió dinero de entes prohibidos y no aclaró el destino de los recursos, el INE aprobó una multa de 197 millones de pesos a Morena, que también fue anulada por el Tribunal.
En 2018, el INE acreditó que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, había incurrido en prácticas ilegales para financiar la recopilación de apoyos para registrar su candidatura independiente a la Presidencia (uso de recursos públicos, uso de prestanombres para tratar de acreditar el origen del dinero y gasto no reportado a través de la dispersión de recursos mediante empresas). El INE determinó no otorgarle el registro como candidato, pero el Tribunal Electoral revocó esa decisión.
***
Desde la alternancia del 2000, no ha habido comicios en los que no haya acusaciones de desvío de recursos, en algunos casos con la exhibición escandalosa de videos, audios o fotografías de operadores políticos sorprendidos con las manos en la masa.
A las investigaciones y multas de la autoridad electoral han correspondido, además, una serie de reformas legales para perfeccionar el sistema de fiscalización, y otorgar más herramientas (“dientes”) a las autoridades para enfrentar el financiamiento ilícito de la política. Reformas que, a todas luces, no han sido suficientes para inhibir las conductas de nuestra “clase política”.
En ese contexto se ubican las revelaciones de la semana que acaba de concluir.
Emilio Lozoya afirma que parte del dinero de Odebrecht fue a parar a la campaña de Enrique Peña Nieto, lo que podría provocar la reapertura de la investigación de los ingresos y gastos de dicha campaña.
Por su parte, el PAN y el PRD promovieron ya sendas denuncias para que el INE investigue el origen y uso del dinero que entregó David León a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, según se conoció gracias a un video difundido el pasado jueves. La denuncia de la oposición busca esclarecer si el origen de ese dinero puede estar en el gobierno de Chiapas encabezado en 2015 por Manuel Velasco (con quien trabajaba David León en ese entonces) y a qué campaña fueron a dar los recursos, para que se sancione a Morena por no reportar las “aportaciones” a la autoridad electoral.
Sean recursos provenientes de la corrupción o aportaciones de simpatizantes, ambos casos hablan de lo mismo: el intento de un grupo político por inyectar recursos a las campañas a espaldas de la autoridad.
En los dos casos, independientemente de la diferencia entre los montos, se podría configurar un delito electoral que es necesario investigar, aclarar y sancionar.
La multa por más de 6.1 millones de pesos que acaba de aprobar el INE a las siete organizaciones que buscan constituirse en partidos políticos para competir en las elecciones de 2021 son parte del mismo relato: políticos haciendo trampa para tratar de sacar ventaja indebida en el sistema electoral.
Llama la atención que la organización con la multa más alta sea la de Felipe Calderón y Margarita Zavala (2.7 millones de pesos). Si la expareja presidencial realmente aspira a un México libre, deberían comenzar por no financiar ilegalmente su proyecto.
