¿Basta con pertenecer a un grupo en situación de discriminación para, al llegar al poder o a una responsabilidad pública, de inmediato implementar políticas antidiscriminación? La respuesta podría ser que sí, pero también depende de la persona que llegue y de la circunstancia, como en todo.
Esta pasada semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió con un tuit: tras casi dos meses de la renuncia de Monica Maccise al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) anunció con una foto de su despacho en Palacio Nacional que ya había tres candidatas indígenas y mujeres para sustituirla.
“Me reuní con Claudia Morales, wixárika de Jalisco; Olga Santillán, tepehuana del sur de Durango y Mónica González, del pueblo Cucapá de Baja California. Están propuestas para la presidencia del Conapred. Son auténticas representantes del orgullo, la grandeza y el México profundo”, dijo en su tuit.
Me reuní con Claudia Morales, wixárika de Jalisco; Olga Santillán, tepehuana del sur de Durango y Mónica González, del pueblo Cucapá de Baja California.
Están propuestas para la presidencia del Conapred. Son auténticas representantes del orgullo, la grandeza y el México profundo pic.twitter.com/h5ULRSfmaz
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 11, 2020
No conozco a Morales, Santillán ni González, quienes aparecen vestidas en el tuit presidencial con su hermosos trajes típicos y tienen credenciales de lucha social, pero llama la atención que a dos meses de distancia de la línea, digo, anuncio de que en ese lugar debería haber una mujer indígena con este argumento: “Los más humillados de México y los que han padecido más el racismo han sido los indígenas” se haga así e incluso a espaldas de propuestas sociales desde su anuncio.
La misma Asamblea de Conapred había presentado seis perfiles de mujeres indígenas que cumplían este somero perfil trazado por el presidente y también otro grupo, el Frente Plural de Mujeres Indígenas, se habían organizado para hacer la propuesta de otras 10 candidatas (es un frente integrado por diversas redes locales y nacionales).
En ambos casos lo que se pedía es que fuera no un dedazo, sino una consulta que realmente hiciera honor a todo lo relacionado con los pueblos y comunidades indígenas: se debe hacer una consulta, para comenzar. Que la mujer nombrada y electa fuera con base a criterios claros, consensuados con el mismo grupo muy diverso de mujeres indígenas, para que hubiera realmente una representación.
Dejemos a un lado que el anuncio lo hizo él, directo, y no, como se acostumbraba (pero esto es la 4T) la secretaría de Gobernación que, en teoría se encarga de todo lo relacionado con los derechos humanos y su defensa.
El recuerdo de Perla Bustamante
En el sexenio de Felipe Calderón, a tres meses de la muerte del fundador de Conapred, Gilberto Rincón Gallardo (el 30 de agosto de 2008), hubo una breve presidencia en el instituto que está adscrito a la secretaría de Gobernación.
Se nombró entonces a la atleta paralímpica Perla Bustamante Corona como presidenta de Conapred. Originaria de Ciudad Juárez, ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico de Chihuahua, en 1999 había tenido un accidente que hizo que le amputaran su pierna izquierda y adquirió la condición de persona con con discapacidad. Tras esto, ella se dedicó, entre otras cosas, al deporte y alcanzó la medalla de plata en lanzamiento de bala y bronce en salto de longitud en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004. Para Beijing 2008 trajo a México la medalla de oro en una de las muchas categorías de 100 metros planos e incluso impuso un récord mundial.
Su condición de discapacidad la llevó también a fundar una organización de la sociedad civil: Fundación a Paso Firme IAP, que tenía el propósito de apoyar a personas que como ella habían perdido un miembro para rehabilitarse e incluirse plenamente en la sociedad.
Sonaba bien, pues.
Pero su breve gestión fue un desastre. No cumplió para nada sus tres años de gestión (con posibilidad de ser ratificada para otro periodo) y se fue de Conapred entre quejas hasta de discriminación al interior del mismo Conapred.
Hay muchas anécdotas que podría contar de su presidencia pero digamos solo que no tenía una perspectiva de derechos humanos con respecto al derecho a la no discriminación. Que consideraba que ese derecho, desde entonces ya presente en el Artículo 1o. de la Constitución Mexicana, era algo de cumplimiento opcional. Y en serio, estoy siendo muy generosa.
Por presiones de la misma sociedad civil, Bustamante dejó el cargo a menos de un año de su nombramiento el 30 de noviembre de 2009.
Me preocupa que ahora pueda pasar algo similar. No basta pertenecer a un grupo discriminado y vivir discriminación (incluso estructural y diaria) para trazar acciones públicas, políticas públicas contra la discriminación del país que es lo que hace -o ha hecho- Conapred hasta el momento, un organismo austero de la República (que cuesta como 100 millones de pesos anuales) y que ha contribuido a visibilizar que la no discriminación es piedra de toque esencial para un México más justo.
Conapred se encarga (o encargaba, aunque me rehúso a escribirlo en pasado) de impulsar eso que nuestro actual presidente malmira y desestima llamadas “políticas públicas” o “acciones de gobierno” en este país en el que no basta decretar que la discriminación, el racismo o la violencia contra la mujer ya no existe sólo porque él lo dijo: hay que cambiar una cultura.
Ojalá y que Morales, Santillán y González pronto cuenten, además, con el apoyo de sus pares – mujeres indígenas- que lleguen al puesto arropadas no sólo por la muy importante figura presencial. Es tan grande la lucha contra la no discriminación que merecemos al menos eso.
La “jibarización”, diría un amigo, de organizaciones del Estado que no le gustan al presidente, su reducción a la mínima expresión, al cascarón, es una tendencia que hay que combatir o, por lo menos, visibilizar.
