La crisis generada por Covid dejó sin ingresos a 10 mil familias michoacanas dedicadas a la extracción de resina de los árboles. Ahora en lugar de ir al bosque a trabajar, y al mismo tiempo cuidar que nadie lo tale, deben viajar hacinados en camiones que los llevan a los campos y empacadoras de fresa o aguacate a trabajar como jornaleros.
Olga Leticia Enríquez, recolectora en los bosques de la comunidad indígena de Cherán, cuenta en una conferencia de prensa organizada por el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sustentable, que su familia, por ejemplo, está yendo a trabajar a Jacona a una empacadora de fresa.
“La vida nos ha cambiado por completo. Mis familiares tienen que irse a trabajar fuera, pasan por ellos en esos camiones amarillos escolares y ahí van hacinados, hasta 30 o 40 personas, con el riesgo de contagio de COVID que eso implica”.
Un riesgo que se incrementa, dice Olga Leticia, por la fatiga provocada por turnos de trabajo de 12 horas y una alimentación diferente, menos natural y fresca, de la que están acostumbrados.
Rosa Icela Soto, también integrante de una familia de resineros, pero del Ejido Mata de Pino, dice, en la rueda de prensa virtual a través de Facebook, que la producción de resina es una actividad que genera recursos para 120 familias de ese grupo agrario, que no tienen que derribar un solo árbol para ganarse el sustento, contrario a lo que sucede con la tala.
“Pero con la interrupción de la actividad resinera perdimos los ingresos y la posibilidad de quedarnos en el territorio. Ahora estamos saliendo a trabajar a otras zonas y los árboles están en peligro de desaparecer”, advierte.
La resina de pino es un producto forestal no maderable y es la principal fuente de ingresos de más de 10 mil familias en el estado de Michoacán. Pero la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 propició que las 18 industrias del estado donde se procesa esta materia prima detuvieran su operación y dejaran de comprarla a los productores.
Quienes se dedican a la extracción de la resina tenían ya una situación precaria. Cada familia ganaba unos 50 mil pesos al año por esta actividad. La mayoría de estos trabajadores no son dueños de la tierra, son “avecindados” que rentan a los propietarios los árboles para poder trabajar. No tienen seguridad social ni ningún derecho social. “
“Son los jornaleros de los bosques”, resume Juan Manuel Barrera, especialista del sector forestal y director ejecutivo de la organización Resiliencia y Desarrollo Comunitario.
Barrera dice que los 50 mil pesos que ganan apenas les alcanza a los resineros para la canasta básica. Olga Leticia lo confirma, “hasta el 70% de esa ganancia lo usamos para comer”.
Desde hace cinco meses, esa ganancia no llega y las familias han tenido que buscar opciones.
La resina tiene en la industria varios usos: en los productos de limpieza como Pinol o Cloralex, que vienen del aguarrás que a su vez deriva de la resina de pino.
Es también la base para los chicles. Y, sobre todo, se usa para las pinturas, ya sea de casa o de automóviles.
Al año la resina genera una ganancia de 600 millones de pesos, las pérdidas por la crisis generada por COVID se calculan en alrededor de 500 millones de pesos. Solo se ha logrado colocar 15 o 20% de la producción. El resto está en tambos en los traspatios o en las resineras, señala Barrera.
Guardianes expulsados
De las 10 mil familias resineras afectadas, 40% se ubican en la región oriente de Michoacán, en los municipios de Hidalgo, Zenguío; otras 3 mil familias habitan en la región centro y 3 mil familias más en la meseta purépecha.
La crisis en la que están no los afectará solo a ellos. Los resineros y resineras son responsables de que todavía haya bosques en Michoacán: cuidan el bosque, evitan incendios y la tala ilegal.
Pero ahora ya no pueden cuidarlo. “Están en otras actividades, donde hay hacinamiento y malas condiciones: en plantaciones aguacateras y de berries”, explica Jaime Navia, socio e integrante del Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sustentable A.C. (CCMSS) y del Grupo interdisciplinario de tecnología rural aplicada.
Barrera, de Resiliencia y Desarrollo Comunitario, señala que esta es una actividad fundamental para la conservación de los bosques. Los productores son los primeros en vigilar que no haya tala clandestina o incendios.
Pese a esto, los recolectores de resina están desprotegidos siempre, incluso ahora que no tienen ningún ingreso. Barrera refiere que los programas de gobierno como Producción para el Bienestar u otros de la Secretaría del Bienestar, como Sembrando Vida, no llegan a esas comunidades o no van dirigidos a este tipo de productores, porque no tienen tierra.
“A la mayoría de los resineros que les hemos preguntado dicen que no reciben ningún apoyo gubernamental.”
Frente a esta problemática, organizaciones de la sociedad civil y resineros plantean la necesidad de un programa de emergencia de unos 400 millones de pesos para unos 8 meses, destinados a la adquisición de la canasta básica para las familias resineras.
O bien, que las autoridades pongan en marcha programas de empleo temporal en regiones forestales, para generar ingresos a las familias, con la garantía de que el bosque se va a conservar.
Se pueden diseñar programas de conservación, de brechas corta fuegos para evitar los incendios, de control de plagas, de vigilancia para alejar a los talamontes, aseguran.
Hasta ahora, dicen, dentro del presupuesto de la Conafor u otras instituciones de gobierno no hay apoyos etiquetados para esta actividad, que es muy importante para el bosque y los productores.
