Ante la cobarde ejecución del Juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa en su residencia y delante de sus hijos por miembros del crimen organizado en Colima, los medios de comunicación y la opinión pública han vuelto a hablar de la “colombianización de México” respecto a la seguridad pública.
Muchos opinan antes de hacer un análisis objetivo, comparando lo sucedido en Colombia lo cual fue generalizado y bajo distintas condiciones, respecto a este atentado en México. Siendo muy grave la ejecución de este juez federal, tuvo, sin embargo otras características. Es parte de la alarmante violencia que vivimos, consecuencia de la impunidad y deterioro de las policías en sus distintos niveles.
Decirlo es simplista
Estoy seguro de que la comparación entre ambos países es interesante, porque la crueldad del cartel de Los Zetas se parece a la que tenía el cartel de Medellín a mediados de los ochentas y que son muchas las lecciones que México puede sacar de la experiencia colombiana, es un tema grave y alarmante, en el cual hay que ir a fondo, es intolerable y vital hacerlo.
Sin embargo las características de ambos países son muy distintas, mientras que el fenómeno colombiano se dio en medio de un anejo conflicto armado de guerrilla, de conflictos ideológicos internos muy graves, incluyo subversión de grupos paramilitares, luchas intestinas diversas, en México el crimen organizado ha estado más ligado a la “narco política” y la corrupción que a otras circunstancias, allí está el caso de García Luna y Calderón, pero este atentado es de otro nivel, es un reto brutal e integral para la autoridad.
Fallas en la seguridad e inteligencia
El caso de Colombia es muy diferente al de México, lo más concreto es pensar que en esta ejecución fueron fallas de seguridad e inteligencia como ya se desprenden de grabaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), corroboradas por la Agencia antinarcóticos de USA (DEA) sobre amenazas de los Zetas para ejecutar a un personaje.
Además de que fue el mismo juez ejecutado lamentablemente, quien renuncio a su escolta personal y a una camioneta blindada para su protección unos meses atrás, estos dos elementos citados, jugaron un papel toral para facilitarle al crimen organizado su mortal propósito. En corto, si contaba con protección federal, pero por razones inexplicables, paradójicas y de alto riego, le fue retirada.
Conclusión
La gravedad de la ejecución del juez Uriel Villegas Ortiz, quien ordenó en 2018 el cambio de penal de Rubén Oseguera González, “El Menchito” y negó el amparo a Ismael Zambada, alias “El Mayito Gordo” para frenar su extradición a USA, es un hecho terrible y detestable, una forma de intimidación ante las autoridades que procuran justicia en especial a nivel federal, este hecho es un reto para el gabinete de seguridad y los tres niveles de gobierno.
La realidad es que la seguridad de jueces en especial los del fuero federal y funcionarios que llevan casos en contra del crimen organizado deben redoblar su seguridad personal, así mismo los involucrados deben de tomar las medidas máximas de seguridad ya que el combate contra el lavado de dinero y sentencias penales va en serio…. para no lamentar sucesos fatales como el de Colima entre otros.
“Los reinos sin justicia, son solo un lugar donde se multiplica el crimen” (Agustín de Hipona).
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