El aumento del presupuesto sólo cobra sentido cuando se traduce en una vida mejor para las familias, porque disponer de más recursos debería permitir que la atención médica llegue a tiempo, que las escuelas preparen mejor a los jóvenes y que la seguridad y la infraestructura abran oportunidades para trabajar y producir. Por eso, al discutir el Paquete Económico 2027, importa saber cuánto dinero quedará disponible después de cubrir los compromisos del Estado y cómo se utilizará para que esas mejoras lleguen a la vida cotidiana.
La apuesta del gobierno por recaudar más mediante una mayor eficiencia y fiscalización es necesaria, pues combatir la evasión permite que quienes incumplen dejen de trasladar su responsabilidad a los contribuyentes que sí pagan. Ese esfuerzo, sin embargo, sólo se traducirá en bienestar si los recursos adicionales se destinan a las necesidades más urgentes y se ejercen a tiempo, con una rendición de cuentas que permita comprobar cómo mejoran los servicios y las oportunidades de las familias. El margen es estrecho. Según el CIEP, el costo financiero de la deuda representaría 4% del PIB en 2027, mientras la inversión pública propuesta disminuiría 12.3% en términos reales frente a lo aprobado para 2026. Son recursos destinados a obligaciones pasadas y una menor capacidad para financiar necesidades futuras. Por eso importa revisar las prioridades.
Garantizar las transferencias económicas es indispensable porque, para millones de personas, ese ingreso sostiene la alimentación, el transporte y la tranquilidad del hogar. Para que esa protección sea duradera, debe acompañarse de servicios públicos que eviten que las familias gasten sus apoyos en cubrir lo que el Estado debería garantizar.
Cuando un adulto mayor destina su pensión a comprar medicamentos que no recibe o una familia paga por atención médica que debería tener disponible, el beneficio del apoyo se reduce y deja al descubierto la necesidad de fortalecer, al mismo tiempo, el ingreso y los servicios.
Esa responsabilidad exige que los recursos destinados a salud, educación y seguridad se traduzcan en condiciones que permitan a las familias vivir mejor: recibir atención a tiempo y completar sus tratamientos, contar con escuelas donde los jóvenes aprendan y se preparen para trabajar, y desenvolverse en comunidades protegidas por policías capaces de prevenir e investigar los delitos. Para saber si el presupuesto cumple ese propósito, cada aumento debe vincularse con metas verificables que permitan evaluar la calidad de los servicios y corregir aquello que sigue fallando.
La misma exigencia debe orientar la inversión en infraestructura, cuyo valor depende de su capacidad para resolver necesidades y abrir oportunidades. Asegurar agua, electricidad, carreteras y conectividad puede facilitar la llegada de empresas y la creación de empleos, siempre que los proyectos respondan a las condiciones de cada región y puedan sostenerse durante su vida útil.
Por eso, antes de comprometer recursos, es necesario demostrar qué problema resolverán, cuánto costará construirlos y operarlos, y por qué sus beneficios justifican darles prioridad frente a otras necesidades. Cuando el dinero es limitado, insistir en proyectos con beneficios insuficientemente demostrados tiene un costo: desplaza mantenimiento, servicios y obras necesarias. Revisar prioridades, corregir decisiones y detener gastos que no cumplen sus objetivos es una responsabilidad del gobierno.
El Congreso debe exigir esa lógica al discutir el presupuesto: proteger los apoyos, garantizar servicios de calidad y financiar infraestructura que impulse el desarrollo. También debe vigilar que el dinero aprobado llegue a su destino. México necesita que cada peso público rinda más. Porque un presupuesto puede crecer en el papel mientras las oportunidades se achican en la vida real.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional.
