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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para suspender temporalmente la aplicación de varias disposiciones de una ley que endurece las sanciones contra Rusia, al argumentar que la medida responde al “interés nacional” estadounidense, informó la Casa Blanca.
La decisión afecta a una legislación que lleva el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y que busca incrementar la presión económica sobre Rusia y limitar los recursos financieros que contribuyen a sostener la guerra contra Ucrania.
Trump promulgó la ley el pasado 18 de septiembre, pero ahora decidió eximir temporalmente la aplicación de varias de sus disposiciones. Entre ellas se encuentran las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, así como restricciones financieras, comerciales y aranceles aplicables a productos rusos y a mercancías procedentes de determinados países que compran hidrocarburos a Rusia.
La orden ejecutiva no elimina las sanciones que Estados Unidos había impuesto previamente a Rusia mediante otras órdenes ejecutivas.
Las exenciones permanecerán vigentes hasta que Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial estadounidense, determinen adoptar nuevas medidas. Además, la orden delega en distintas dependencias del Gobierno la aplicación de las disposiciones de la ley que continúan vigentes.
La decisión se produce después de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones vigentes contra Moscú.
El pasado 9 de octubre, Trump anunció que había llegado a un acuerdo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para suministrar diésel a los mercados internacionales, con el objetivo de aliviar los precios de la energía y los combustibles.
El mandatario republicano afirmó que Rusia entregaría inicialmente más de 300 mil toneladas de combustible y que posteriormente proporcionaría cantidades adicionales, sujetas, en parte, al estado de sus refinerías.
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El acuerdo ha generado críticas de legisladores de ambos partidos, quienes cuestionan sus posibles efectos sobre la presión económica contra Moscú y su compatibilidad con la legislación estadounidense.
Los detractores advierten que los ingresos obtenidos por la venta de combustible ruso podrían contribuir a financiar la guerra contra Ucrania, mientras que la Administración de Trump defiende la necesidad de contener los costos de la energía.
Con información de EFE.



