La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), a quien señala por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros cargos relacionados con los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de este año.
La orden fue dictada por el fiscal Brayan Melgar y, de acuerdo con información confirmada a EFE por una persona cercana al exmandatario, también incluye los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Las autoridades sostienen que Morales tuvo una presunta participación en las movilizaciones impulsadas durante siete semanas por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), respaldadas por grupos afines al exmandatario, que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Según la información oficial, los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades del país.
Además, dejaron 16 personas fallecidas, de las cuales 13 murieron por falta de atención médica oportuna debido a los cortes carreteros, así como pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.
La denuncia fue presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
La acción legal también involucra al dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva por otra investigación relacionada con los mismos hechos.
Morales rechaza las acusaciones y sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno atendiera las demandas de los sectores sociales, no la renuncia del presidente. Sin embargo, el pasado 24 de mayo publicó en la red social X que el mandatario tenía únicamente “dos caminos” frente al conflicto: “militarizar” el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.
Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio, lo que permitió el despliegue de la Policía y el Ejército para retirar los bloqueos y restablecer la circulación en las carreteras.
Esta nueva orden judicial se suma a otra vigente contra Morales por una investigación por trata agravada de personas, causa por la que permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, resguardado por seguidores que buscan impedir su detención.
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En ese proceso, el exmandatario es investigado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando ejercía la Presidencia.
Con información de EFE
