Las pensiones, becas y transferencias directas han significado alivio real para millones de hogares. En un país donde casi cuatro de cada diez personas ocupadas ganan hasta un salario mínimo —alrededor de 9,500 pesos mensuales—, una pensión de adultos mayores de 6,400 pesos bimestrales no es menor: equivale a cerca de 3,200 pesos al mes, casi una tercera parte de ese ingreso.
Por eso sería injusto minimizar el impacto de los apoyos sociales. Para muchas familias, esos recursos ayudan a comprar comida, pagar transporte, completar útiles escolares o enfrentar gastos urgentes. Han servido, ayudan y deben mantenerse. Pero la ayuda a las familias no puede medirse sólo por el dinero que se entrega, sino también por los derechos que el Estado debe garantizar. Y ahí aparece una realidad que no puede maquillarse: millones de mexicanas y mexicanos siguen enfrentando la enfermedad solos. De acuerdo con la medición de pobreza multidimensional publicada por el INEGI, en 2018 había 20.1 millones de personas con carencia por acceso a servicios de salud; para 2024, la cifra llegó a 44.5 millones. Dicho con claridad: 24.4 millones de personas adicionales quedaron sin acceso reconocido a servicios de salud respecto de 2018.
Ese deterioro tiene consecuencias concretas. Cuando no hay clínica cercana, cuando no hay médico disponible, cuando no hay cita o cuando no hay medicinas, las familias terminan usando sus propios recursos para resolver lo que debería garantizar el sistema público. La transferencia ayuda, sí; pero no debería convertirse en el dinero con el que una persona paga la consulta, el antibiótico, el estudio o el tratamiento que el Estado está obligado a brindar. En ese vacío han crecido los consultorios junto a las farmacias. Todos los conocemos: están en la esquina, junto al supermercado, en la avenida principal o al lado de una farmacia de genéricos, similares o de patente. No hay que esperar semanas ni madrugar para alcanzar ficha. Se paga una consulta relativamente barata, se sale con receta y, muchas veces, se compran los medicamentos en el mismo lugar.
Para millones de personas, esos consultorios se volvieron la puerta de entrada al sistema de salud. No necesariamente porque sean la mejor solución, sino porque son la solución disponible. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ha documentado que los consultorios adyacentes a farmacias pasaron de representar alrededor de 15% de la atención por necesidad de salud en 2018 a ubicarse entre 18% y 19% en 2023. Es decir, casi una de cada cinco personas que busca atención médica termina en un consultorio pegado a una farmacia.
El problema no es que existan esos consultorios. En muchos casos resuelven necesidades inmediatas y ofrecen cercanía, rapidez y bajo costo inicial. El problema es que se hayan convertido en una válvula de escape frente a las fallas del sistema público. Un consultorio de farmacia puede atender una urgencia menor, pero no sustituye un sistema capaz de prevenir, diagnosticar, tratar y dar seguimiento con calidad. Por eso, el debate no debe plantearse como una falsa disyuntiva. México debe mantener las pensiones, becas y transferencias que han ayudado a millones de familias, pero también debe reconstruir la capacidad pública de atención médica. Los apoyos sociales alivian el gasto de los hogares; la salud pública evita que la enfermedad los vuelva a empobrecer.
La alternativa responsable es clara: seguir apoyando a quienes más lo necesitan y, al mismo tiempo, garantizar clínicas, médicos, consultas oportunas y medicinas disponibles. El pueblo tiene derecho a recibir apoyos, pero también tiene derecho a no gastar esos apoyos en lo que el gobierno debería darle por derecho. Una transferencia ayuda a resistir. Un sistema de salud funcional ayuda a vivir con dignidad. Que la pensión alcance para vivir mejor, no para cubrir la ausencia de medicinas. Que el apoyo llegue a las familias, pero que también llegue el doctor, la consulta y el tratamiento.
Eso también es soberanía.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional.
