Morena elevó el tono tras los resultados de la elección en Coahuila donde el PRI se declaró ganador abosluto de la contienda con 16 diputaciones a su favor; Morena denunció una serie de presuntas irregularidades que, aseguró, afectaron el desarrollo de la jornada electoral celebrada el pasado 7 de junio.
A través de un pronunciamiento conjunto emitido por su Consejo Nacional y los Consejos Estatales, el partido manifestó su “más enérgica condena” a lo que calificó como hechos que vulneraron la competencia democrática en la entidad.
En el documento, signado por Alfonso Durazo Montaño y los dirigentes estatales del partido, Morena afirmó que la elección estuvo marcada por presuntos actos de violencia institucional, persecución política y un supuesto esquema de compra masiva de votos identificado como “QRGate”.
“Denunciamos una elección marcada por la violencia institucional, la persecución política y un sofisticado sistema de compra masiva de votos ‘QRGate’”, señala el pronunciamiento.
Además, el partido acusó la presunta detención ilegal y arbitraria de militantes y simpatizantes de Morena y del Partido del Trabajo (PT), así como actos de hostigamiento contra diputadas federales vinculadas al movimiento.
De acuerdo con el posicionamiento, estas acciones habrían contado con la participación de corporaciones estatales que, según Morena, fueron utilizadas como mecanismos de intimidación electoral.
“Estos hechos vulneran los principios básicos de la competencia democrática”, sostiene el documento difundido este 8 de junio.
Ante este escenario, consejeras y consejeros nacionales y estatales respaldaron la ruta jurídica emprendida por el Comité Ejecutivo Nacional para la defensa de los votos obtenidos durante la elección.
“Las consejeras y consejeros nacionales y estatales de Morena acompañamos al Comité Ejecutivo Nacional en la ruta legal y jurisdiccional de defensa del voto ante las autoridades financieras y electorales”, indica el texto.
Finalmente, el partido aseguró que impulsará las acciones legales correspondientes y reiteró que no permitirá que prácticas que considera antidemocráticas sean normalizadas en la vida pública del país.
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“No permitiremos que prácticas antidemocráticas alteren la legitimidad de los resultados electorales ni que estos se normalicen en nuestra vida pública”, concluye el pronunciamiento.
