El consumo de cigarros ilegales en México registra un crecimiento sostenido en los últimos años, generando pérdidas estimadas en 1,314 millones de dólares (alrededor de 22 mil 338 millones de pesos), de acuerdo con un estudio elaborado por la consultora KPMG en 11 mercados de América Latina.
El informe señala que uno de cada cuatro cigarros consumidos en el país proviene del mercado ilícito, lo que refleja un incremento del 0.7% respecto al año anterior. En total, durante 2025 se consumieron cerca de 39 mil 370 millones de cigarrillos.
Crece el mercado ilegal y cae el consumo formal
Las cifras evidencian un cambio en la dinámica del mercado: mientras el consumo de cigarros ilegales pasó de 7 mil 020 millones de unidades en 2021 a 9 mil 190 millones en 2025, el consumo legal disminuyó de 34 mil 080 millones a 30 mil 160 millones en el mismo periodo.
Entre las marcas ilegales más comercializadas en México destacan Link, D&J, Económicos y productos falsificados, que en conjunto concentran miles de millones de unidades en circulación.
El estudio también identifica que gran parte de estos productos pertenecen a categorías como “Domestic others” e “Illicit white”, es decir, cigarrillos fabricados legalmente en otros países pero destinados al contrabando internacional.
En el caso mexicano, muchos de estos productos ingresan sin etiquetado claro sobre su origen, aunque se han detectado flujos provenientes de países como Nicaragua. A su vez, se estima que alrededor de 10 mil millones de cigarros mexicanos terminan en mercados como Costa Rica y Colombia.
Impacto regional y riesgos a la salud
A pesar del incremento, México se mantiene por debajo del promedio regional, donde el consumo ilícito alcanza hasta 31.9% en algunos países de América Latina y Canadá.
No obstante, autoridades sanitarias han advertido sobre los riesgos que implica este mercado. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios señala que los cigarros ilegales pueden ser falsificados, adulterados o elaborados con ingredientes desconocidos, lo que incrementa la exposición a sustancias tóxicas.
Además, su bajo costo facilita el acceso a niños y adolescentes, lo que representa un problema adicional en materia de salud pública.
Con información de EFE
