ALBUQUERQUE, N.M. – El fiscal general de Nuevo México volvió a poner bajo la lupa las denuncias de actividad ilegal en el antiguo Rancho Zorro de Jeffrey Epstein, una propiedad que durante años estuvo rodeada de sospechas y silencio.
La oficina del fiscal general Raúl Torrez anunció el jueves que reabre el caso tras revisar la información difundida recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Aunque la investigación estatal se cerró en 2019 a solicitud de fiscales federales en Nueva York, ahora el panorama cambió. Según las autoridades estatales, “las revelaciones descritas en los archivos previamente confidenciales del FBI justifican un examen más profundo”.
El Departamento de Justicia de Nuevo México informó que agentes especiales y fiscales buscarán acceso inmediato al expediente federal completo, sin tachaduras, y que trabajarán de la mano con otras agencias. También colaborarán con una nueva comisión de la verdad creada por legisladores estatales para indagar lo que realmente ocurrió en el rancho, ubicado al sur de Santa Fe.
“Como en cualquier posible asunto penal, seguiremos los hechos adonde nos lleven”, señaló la dependencia en un comunicado. Añadió que evaluarán con cuidado los límites jurisdiccionales y que tomarán las medidas necesarias para recopilar y preservar cualquier prueba que aún exista.
Se reactivan las pesquisas sobre presunto tráfico sexual
Epstein nunca enfrentó cargos en Nuevo México. Sin embargo, en 2019 fiscales estatales confirmaron que habían entrevistado a posibles víctimas que visitaron el rancho. Nunca se precisó cuántas personas declararon ni qué detalles ofrecieron sobre lo que, según ellas, ocurrió en la propiedad.
Hasta ahora, el Departamento de Justicia estatal no ha explicado públicamente por qué en 2019 se pidió cerrar el caso ni si los documentos federales recientes contienen acusaciones específicas que detonaron la reapertura.
El martes, la recién creada comisión de la verdad celebró su primera sesión. El panel bipartidista, integrado por cuatro miembros de la Cámara de Representantes estatal, tiene el encargo de examinar si el rancho fue escenario o facilitador de abuso sexual y tráfico de menores.
Al mismo tiempo, legisladores estatales quieren respuestas sobre otro punto sensible: por qué Epstein no fue inscrito como delincuente sexual en Nuevo México tras declararse culpable en 2008, en Florida, por solicitar servicios de prostitución a una menor. También buscan determinar si hubo fallas institucionales o incluso actos de corrupción que permitieran omisiones.
El Rancho Zorro, una extensa propiedad adquirida por Epstein en 1993 al exgobernador demócrata Bruce King, incluía una mansión en lo alto de una colina, una pista de aterrizaje privada con hangar y helipuerto, además de oficinas, estación de bomberos y un garaje climatizado para siete vehículos.
