Ha pasado un mes desde que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acordar con las dirigencias de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo un proyecto de reforma electoral aceptable para los tres partidos.
Desde entonces, han transcurrido alrededor de 20 reuniones, algunas muy largas, otras muy tensas. Pero hasta la fecha no han encontrado las coincidencias que permitan a la presidenta presentar la iniciativa y enviarla al Congreso.
Hasta el momento, hay avances en nueve puntos que tienen que ver con el sistema electoral:
- La reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), compactando áreas, reduciendo el número de funcionarios en las 32 Juntas Locales y eliminando funciones como la educación cívica.
- Una reforma a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para que sus integrantes ya no sean designados desde el INE y no se dupliquen funciones.
- Cambios que faciliten los ejercicios de democracia participativa, como la consulta popular, la revocación de mandato y la iniciativa ciudadana.
- Facilitar el registro de nuevos partidos políticos.
- Modificar los tiempos de radio y televisión asignados a los partidos y autoridades electorales.
- Facilitar el voto de mexicanos en el extranjero.
- Limitar el uso de anuncios espectaculares y propaganda electoral contaminante.
- Realizar la próxima elección judicial hasta 2028.
- Endurecer la fiscalización del financiamiento de partidos y candidatos y castigar severamente el patrocinio del crimen organizado.
Pero las diferencias persisten en dos puntos centrales de la reforma: la reconfiguración de la representación proporcional en el Poder Legislativo y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos.
Los dirigentes del PVEM y el PT rechazaron ambas intenciones de manera tajante y manifestaron inconformidad con asuntos aparentemente triviales pero de gran calado, como la intención de facilitar el registro de nuevos partidos.
“Lo que quieren es nuevos aliados“, llegaron a decir los dirigentes del PT en el momento de mayor tensión.
Según dirigentes del PT y el Verde, la actitud de Morena —y de Pablo Gómez, presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral— ha sido por momentos arrogante e injusta para dos partidos que han acompañado prácticamente toda la agenda de reformas de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Por su parte, cuadros morenistas consideran que los aliados han sido inflexibles y caprichosos.
Aun así, los negociadores en la Secretaría de Gobernación han avanzado en otros temas, e incluso se han empezado a redactar los nuevos textos constitucionales y párrafos de leyes secundarias, acordando mantener los 200 plurinominales en la Cámara de Diputados y los 32 en el Senado, cediendo la presidenta en su intención original de achicar las Cámaras del Congreso de la Unión.
Pero sigue sin llegarse a un acuerdo sobre la manera en que se elige a los pluris, actualmente con listas cerradas que otorgan privilegios a los dirigentes partidistas. La presidenta propone listas abiertas donde la ciudadanía decida qué candidatos llegan a las Cámaras, pero esto no es aceptable para el Verde y el PT.
“Los dirigentes no pueden estar dirigiendo y al mismo tiempo hacer campaña“, han argumentado, señalando que legisladores con experiencia podrían no ganar una campaña pero aportan oficio político.
Tampoco hay acuerdo sobre la reducción del financiamiento público, que actualmente se calcula según el padrón electoral y la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y que en 2026 ascendió a 7,600 millones de pesos, repartidos entre seis partidos. Morena recibiría más de 2,500 millones de pesos solo este año.
El Verde y el PT proponen un esquema 50-50, pero Morena se niega.
El retraso de la iniciativa de Sheinbaum, inicialmente anunciada para enero, se agrava por la confrontación en estados como San Luis Potosí, Oaxaca, Coahuila y Zacatecas, así como la guerra interna en Morena entre Julio Scherer Ibarra y Jesús Ramírez Cuevas, con acusaciones de corrupción e ineptitud.
La salida de Adán Augusto López, y renuncias como las de Marx Arriaga (SEP), Alejandro Gertz (Fiscalía), Josefa González Blanco (embajada UK), José Antonio Romero Tellaeche (CIDE) y Romeo Ruiz (embajada Guatemala), suman escándalo y confrontación.
En resumen, el ambiente en el oficialismo se enrarece mientras se retrasa una reforma electoral que moverá equilibrios, afectará intereses y generará rechazos en Morena, PVEM, PT y la oposición.
