
Ni duda cabe de que las temáticas son una especie de modas. El otrora tema recurrente de la transparencia y rendición de cuentas ha quedado sepultado, dando paso a temas más candentes, volátiles e incluso bélicos: la invasión de nuestros vecinos del norte a Venezuela, que vienen por los generadores de violencia acá con nosotros; se viene el Mundial de Futbol de este año; el puente del Toño aquí en Hermosillo, etcétera.
Lo cierto es que la rendición de cuentas no pasa por su mejor momento. Será que fue más forma que fondo para cumplir con las exigencias de los organismos internacionales; recordemos que llegamos tarde y de manera atropellada a “cumplir” con esa exigencia ciudadana. Éramos señalados como uno de los países con más corrupción en la vida pública, herencias del priismo.
En nuestro país, el punto de partida que marcó el camino hacia la transparencia y rendición de cuentas se dio en el año 2002 con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley dio vida al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), después Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mismo que fue oficialmente extinguido como organismo autónomo a principios de 2025.
Las funciones del INAI fueron absorbidas por la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, al amparo de una reforma constitucional en cuyo paquete se trasladó a la esfera del gobierno federal a varios organismos autónomos, situación que ha generado dudas e incertidumbre sobre el futuro del acceso a la información en nuestro país.

Lo cierto es que la Ley Federal de Transparencia sigue vigente. Se puede seguir teniendo acceso a la información pública mediante el portal creado para solicitarla, al amparo del artículo 6 de la Constitución, pero queda la duda de que el nuevo garante no es autónomo y, por lo tanto, pudiera ser que la información no sea confiable por la vieja cultura de que toda la información que da el gobierno está maquillada. El tiempo nos irá diciendo.
Pudiéramos decir que la reforma agregó una gran cuota de incertidumbre innecesaria. Son tiempos de dar pasos más largos en el tema de la transparencia y de la propia rendición de cuentas. Suecia, país pionero en el tema, publicó su primera ley de transparencia en el año 1766; en nuestro país se promulgó la primera norma en esta materia en el año 2002, es decir, 236 años después que el país escandinavo.
Según el último ranking de transparencia internacional, Suecia ocupa el sexto lugar entre los países con menor corrupción. México ocupa el lugar 140 de 180 países evaluados. En Suecia el funcionario público se esfuerza por entregar la información el mismo día que la solicitas; aquí en México, el “esfuerzo” es por no entregártela o por dilatar su entrega al plazo máximo que marca la ley. Esto ha pasado siempre en nuestro país.
Pero es la normatividad que hay, juguemos con ella, las leyes de acceso a la información siguen vigentes. Además, la mayor parte de la información se encuentra disponible en los portales de cada sujeto obligado. No hay que desanimarse: si nos retiramos de esa práctica estamos dando pie a que en los distintos niveles de gobierno se perciba la situación y hagan “chuza” con los recursos públicos. Hay que seguirlos vigilando. Ánimo.


