Toda reforma electoral plantea una pregunta de fondo: ¿se busca mejorar la democracia o asegurar ventajas para quien hoy gobierna? La historia mexicana ofrece una advertencia clara. Las reformas que fortalecieron al sistema fueron aquellas construidas desde el consenso, con reglas aplicables a todos y con un árbitro independiente. Las que nacen de la imposición, en cambio, suelen debilitar la confianza y sembrar conflictos futuros.
Uno de los pilares que no puede tocarse es la representación proporcional. Lejos de ser un privilegio, ha sido el mecanismo que permitió que minorías políticas y sociales tuvieran voz institucional. Eliminarla o reducirla no corrige excesos: amplifica la sobrerrepresentación de las mayorías y empobrece el pluralismo. Una democracia sin contrapesos es una democracia frágil.
El segundo principio es la separación absoluta entre gobierno y elecciones. La experiencia histórica demuestra que la confianza electoral no se decreta: se construye retirando al poder de la organización y calificación de los comicios. La creación del Instituto Nacional Electoral en 2014 respondió justamente a esa lógica, al homologar estándares, profesionalizar procesos y blindar elecciones locales frente a capturas políticas. Debilitar al árbitro no fortalece al sistema; lo expone.
El tercer eje es el piso parejo. El control del dinero en campañas, el rechazo al uso de recursos públicos y el blindaje frente al crimen organizado no son tecnicismos: son condiciones mínimas para que el voto sea libre. La reforma de 2007–2008 fue explícita al reconocer que el dinero sin control distorsiona la voluntad popular y convierte la competencia electoral en una simulación.
Hoy, frente a una nueva reforma electoral, el riesgo no es cambiar, sino cambiar mal. No debemos permitir que se retire la escalera democrática ahora que una fuerza política logró subir por ella con el respaldo ciudadano. Fortalecerla implica aceptar una verdad incómoda pero esencial: la democracia no pertenece a quien gobierna, sino a la ciudadanía que decide. Cualquier reforma que debilite la representación, la equidad o la independencia del árbitro no será un ajuste técnico, sino un retroceso histórico.
Las reglas del juego democrático deben servir también para quien mañana pierda. Esa es la prueba última de toda reforma electoral seria.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional
