La Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma que expide una nueva Ley General en materia de Extorsión, legislación que contempla penas de hasta 42 años de cárcel para quienes cometan este delito. La decisión se produjo luego de que los legisladores ratificaran los cambios enviados por el Senado a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos relacionados con la extorsión.
La reforma fue avalada con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención. Tras aprobar los artículos reservados en los términos del proyecto de decreto, el dictamen fue remitido al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su posterior entrada en vigor.
La minuta también modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Nacional de Extinción de Dominio y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Entre los principales cambios, la nueva ley establece que quien obligue a otra persona, sin derecho, a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio o causar un daño patrimonial, moral, físico o psicológico, enfrentará penas de 15 a 25 años de prisión.
Asimismo, se incrementará la sanción de 5 a 12 años cuando la extorsión se realice mediante el uso de dispositivos, servicios o plataformas electrónicos que permitan la transmisión o recepción de datos, imágenes, voz o información de cualquier tipo.
Las penas también aumentarán a 7 a 17 años de cárcel cuando el delito se cometa con armas reales o simuladas, o cuando afecte directamente la economía de una comunidad. Además, se impondrán 10 a 20 años de prisión a servidores públicos con atribuciones en materia de prevención, investigación o persecución de delitos que participen en actos de extorsión.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se registraron 10 mil 804 víctimas de extorsión en el país.
La iniciativa fue presentada el 20 de octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de unificar la tipificación de la extorsión en todo el territorio nacional, ya que actualmente cada entidad la sanciona de manera distinta, lo que —según el Ejecutivo— ha dificultado su persecución y favorecido la impunidad.
Con información de López-Dóriga Digital.
