El avance de la inteligencia artificial ha modificado la forma en que se cometen delitos digitales, lo que motivó al diputado federal Alan Sahir Márquez Becerra a presentar una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y tipificar como delito grave el uso de estas tecnologías en el robo de identidad.
La propuesta establece penas de cuatro a diez años de prisión y multas de hasta mil días para quienes utilicen inteligencia artificial o tecnologías de la información con el fin de obtener, poseer, utilizar, transferir, reproducir o manipular datos personales, imágenes, videos, audios u otros elementos identificativos sin consentimiento, con el objetivo de suplantar la identidad de una persona para obtener un beneficio indebido o causar un daño.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, agrega la fracción XVII al artículo 11 Bis y el capítulo I Bis, denominado “Robo de identidad”, que integra los artículos 381 Quinquies y 381 Sexties. Ahí se establece que la pena aumentará a la mitad cuando el delito se cometa para realizar fraudes, generar desinformación o desprestigio, especialmente cuando se utilice clonación digital del aspecto físico o la voz de la víctima.
Además, las multas previstas se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño, que incluye una sanción de 400 a 600 veces el valor diario de la UMA y la eliminación inmediata del contenido suplantado.
Márquez Becerra expone que el robo de identidad, antes relacionado con la falsificación de documentos, ha evolucionado debido al desarrollo tecnológico, abriendo nuevas vías para fraudes y manipulación digital.
En la exposición de motivos se señala que los algoritmos avanzados permiten crear imágenes, videos y audios que replican con precisión la voz y el rostro de una persona sin su conocimiento, lo que pone en riesgo su reputación, integridad financiera y seguridad personal.
La iniciativa también describe modalidades de fraudes cibernéticos que afectan a los usuarios. Entre ellos, el smishing, que utiliza mensajes de texto para dirigir a la víctima a páginas falsas y obtener datos personales; el phishing, que suplanta a instituciones financieras para obtener contraseñas o números de tarjetas; el vishing, que consiste en llamadas que simulan ser de empleados bancarios; y el pharming, que redirige a páginas fraudulentas mediante ventanas emergentes.
Márquez Becerra sostiene que el progreso tecnológico debe acompañarse de marcos normativos que protejan derechos individuales y colectivos. En ese sentido, la reforma busca equilibrar innovación y responsabilidad social, garantizando que el uso indebido de la inteligencia artificial sea sancionado y se reduzca la incidencia de prácticas no autorizadas.
