La difusión de un video sobre un cateo en la alcaldía Iztapalapa derivó en uno de los enfrentamientos más tensos del año entre el periodista Carlos Jiménez y la Fiscalía capitalina, luego de que la institución le solicitara entregar el material íntegro y revelar su origen, lo que abrió un debate sobre la protección de fuentes en el ejercicio periodístico.
El 13 de noviembre, Jiménez publicó en sus plataformas y en su programa C4 en Alerta un video que mostraba a elementos de la Policía de Investigación ingresando a una vivienda en la colonia San Juan Xalpa.
En las imágenes se observa la detención de una mujer identificada como exreclusa y presunta colaboradora de “Los Belmont”, un grupo criminal vinculado a extorsiones y narcomenudeo en la zona oriente de la capital.
La grabación, que incluía el aseguramiento de un arma y presuntas drogas —como metanfetaminas, cocaína y marihuana—, habría sido tomada durante un cateo autorizado el mismo 13 de noviembre. Lo que comenzó como una exclusiva periodística pronto escaló a un conflicto legal.
La Fiscalía exige el material completo
Tras la difusión, la Fiscalía de la Ciudad de México envió un oficio dirigido a Jiménez en el que pidió entregar, en un plazo de 48 horas, el video completo y datos sobre su procedencia.
El documento instruía al periodista a revelar el nombre y número de contacto de quien proporcionó la grabación.
La respuesta de Jiménez fue inmediata y pública.
“¡De risa! Pretende la Fiscalía que le revele mis fuentes… Y quiere que lo revele en menos de 48 horas jaja”, En su cuenta de X escribió
Su mensaje desató una oleada de reacciones entre periodistas, especialistas y audiencias, quienes advirtieron que obligar a un comunicador a revelar sus fuentes vulneraría un principio fundamental del periodismo.
La Fiscalía aclara: fue orden judicial
Minutos después, la Fiscalía respondió asegurando que la solicitud no fue una iniciativa de la institución, sino una orden judicial derivada de una petición de la defensa involucrada en el caso.
“El documento completo —incluido lo que obscureciste— señala que un juez ordenó al Ministerio Público requerirte esa información, por petición de la defensa, no del MP”, explicó la dependencia. Además, recalcó que el periodista puede acatar la orden o impugnarla si considera que afecta su labor.
El trasfondo: Los Belmont y los delitos de alto impacto
Los Belmont, grupo criminal señalado por las autoridades como responsable de actividades de extorsión y tráfico de drogas en Iztapalapa, operan en varias colonias del oriente capitalino.
Sus prácticas se enmarcan en lo establecido por el Código Penal Federal en materia de delitos contra la salud.
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De acuerdo con los artículos 193 al 199, las conductas relacionadas con estupefacientes y psicotrópicos —como producción, posesión y tráfico— son sancionadas con penas de 10 a 25 años de prisión y multas de hasta 500 días, lo que refleja la gravedad de este tipo de actividades criminales.
