México tardó casi dos siglos en acumular una deuda pública de 10.5 billones de pesos. Sin embargo, en apenas siete años —de 2018 a 2025— el saldo histórico se duplicó. Con la aprobación del Paquete Económico 2026, el endeudamiento federal superará los 20.2 billones de pesos, cifra que refleja una tendencia preocupante: el país se endeuda más rápido que nunca, sin que ello se traduzca en un fortalecimiento de su infraestructura, salud o educación.
Entre 2006 y 2018, el costo financiero de la deuda —es decir, los intereses y amortizaciones que el gobierno federal paga cada año— promedió 480 mil millones de pesos anuales. En ese periodo, el servicio de la deuda representaba entre 9% y 12% del gasto programable, un nivel manejable que permitía sostener inversiones en infraestructura y programas sociales.
La realidad entre 2019 y 2025 es distinta. Según datos de la Secretaría de Hacienda, el pago por servicio de la deuda alcanzó 1.3 billones de pesos en 2024 y se estima que llegará a 1.6 billones en 2025, una cifra sin precedentes. Esto implica que, por primera vez, México destinará más recursos al pago de intereses que a la inversión física presupuestaria —que ronda los 900 mil millones de pesos—. En otras palabras, el país gasta el doble en pagar la deuda que en construir carreteras, hospitales, universidades o aeropuertos.
El Paquete Económico 2026 confirma esta tendencia. El costo financiero proyectado ronda 1.7 billones de pesos, mientras que el déficit público se mantiene en niveles históricamente altos, superiores al 4% del PIB. Hacienda argumenta que el endeudamiento responde a necesidades transitorias derivadas de la pandemia y de proyectos estratégicos. No obstante, la composición del gasto muestra que buena parte del nuevo endeudamiento se destina no a inversión productiva, sino al refinanciamiento de pasivos previos: contratar nueva deuda para pagar intereses de la deuda vieja.
Si se hiciera un ejercicio contrafactual, el panorama sería aún más revelador. Los 1.6 billones de pesos que México pagará en 2025 equivalen, por ejemplo, a más de tres veces el presupuesto federal de salud, o a cuatro veces lo destinado a educación pública básica y superior. Con esa cantidad podría financiarse la construcción de 1,600 hospitales regionales o 60,000 escuelas de nivel básico. El costo de la deuda no es una abstracción contable: es dinero que se deja de invertir en bienestar, seguridad o crecimiento.
La regla de oro de las finanzas personales también aplica al Estado: endeudarse tiene sentido cuando lo adquirido es duradero y genera valor futuro. Pero no cuando se utiliza para cubrir gasto corriente o pagos mínimos de tarjetas pasadas. En los últimos años, México ha cruzado esa línea. El país está hipotecando su capacidad futura para pagar intereses del pasado. La sostenibilidad fiscal no solo se mide por cuánto se debe, sino por la calidad del gasto financiado con deuda. Si la tendencia persiste, el margen fiscal de las próximas administraciones será mínimo y el costo generacional, enorme.
La deuda no es de un gobierno, sino de todos los mexicanos. Pero la responsabilidad de duplicarla en siete años tiene nombre y tiempo. México enfrenta hoy una deuda que no solo es creciente, sino —como ya se le llamó en el Senado— ‘endemoniada’ por su naturaleza: costosa, improductiva y peligrosamente insostenible.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional.
