Por Ana Gamboa y José Manuel Ávalos
Hay una niña en Ímuris que, a los 14 años, se casó con un hombre de 44 años. Hay otras niñas en Hermosillo, Magdalena y Huatabampo que se casaron con hombres que les triplicaban la edad. Hay familias que lo permitieron.
A nivel nacional, este tipo de uniones está prohibido. Desde marzo de 2019, el Código Civil Federal fue reformado y se estableció que 18 años es la edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones.
En Sonora, todavía es una realidad debido a una contradicción entre la Ley del Registro Civil y el Código de Familia. Es algo que desde lo legal se permite y desde lo social no se juzga, al contrario, se minimiza, se ignora o, en el peor de los casos, se aplaude.
Según el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta 2020 había en Sonora 5 mil 935 matrimonios registrados en donde una de las dos personas tenía entre 12 y 17 años. Mil 452 eran hombres y 4 mil 483 eran mujeres.
La cifra, si bien muestra una reducción en comparación con los años 2015 y 2010, cuando había 7 mil 404 y 9 mil 99 matrimonios, respectivamente, aún es alarmante, pues hay padres y tutores que dieron su consentimiento para que esto sucediera.
Michelle Lucero, directora de la Fundación Nueva Generación Sonora, explicó que la contradicción o “vacío legal” continúa abriendo la puerta a matrimonios tempranos y relaciones desiguales que vulneran derechos fundamentales de estos menores.
“El Código de Familia establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de dieciocho años, pero en la Ley de Registro Civil todavía se permite que adolescentes que se encuentran entre 16 y 17 años puedan casarse con el consentimiento de sus padres o sus tutores.
Hay un tema aquí de un vacío legal que facilita que esto suceda, que los matrimonios tempranos puedan seguir presentándose con estas condiciones”, comentó.
La fundación identificó que el 91% de los casos en Sonora involucra a adolescentes de entre 15 y 17 años, mientras que el 9 por ciento restante corresponde a niñas de 12 a 14 años.
Municipios como Hermosillo, Cajeme, Guaymas y San Luis Río Colorado concentran el mayor número de casos, aunque también se registran tasas elevadas en comunidades rurales como San Miguel de Horcasitas, San Ignacio Río Muerto y Quiriego.
“El Estado debe tomar medidas más enérgicas para combatir el matrimonio temprano, también forzando la venta de niñas y adolescentes. Estas realidades son prácticas que atentan contra los derechos que tienen las niñas, los adolescentes y también contra su desarrollo”.
Lo que decimos a las familias es que hay que sentarse en casa, tener estas conversaciones con los hijos, esta comunicación y confianza para que ellos puedan ir creando un proyecto de vida con sueños, con metas, con un futuro por delante, y recordarles que hay tiempo para todo y todo a su tiempo”.
La diputada Gabriela Félix, de Movimiento Ciudadano, presentó el 17 de septiembre una iniciativa para homologar la Ley del Registro Civil y el Código de Familia, eliminando la posibilidad de que un tutor autorice el matrimonio de un menor de edad.
Actualmente, esta iniciativa está siendo revisada en comisiones y deberá aprobarse en esta primera instancia para después ser discutida en el Congreso del Estado, frente a los diputados de otros partidos políticos.
Félix señaló que, aunque existe una disminución en los últimos años, las cifras siguen siendo altas y reflejan una normalización cultural de las uniones tempranas, especialmente en comunidades donde persisten usos y costumbres que legitiman estas prácticas.
Por su parte, la psicóloga Mariel Montes explicó que estos casos tienen diversos orígenes, pero suelen estar vinculados a factores culturales, económicos y familiares.
“En comunidades rurales o con presencia de etnias, el matrimonio a temprana edad está normalizado. Las madres tienen muchos hijos, los padres lo ven como una carga y existen acuerdos económicos entre familias. A veces las jóvenes son obligadas; otras veces los padres lo autorizan por compromiso o conveniencia”, señaló.
En contraste, en zonas urbanas, el fenómeno responde más a contextos emocionales y sociales adversos.
“Hay adolescentes que viven violencia, abandono o abuso en sus casas y ven en el matrimonio una salida. También ocurre cuando hay embarazos a los 15 o 16 años y los padres piensan que deben casarse para legitimar al hijo, cuando en realidad no es necesario”, explicó Montes.
La especialista fue tajante al señalar que ningún adolescente está preparado para casarse y subrayó que el cerebro de los adolescentes “aún no está maduro para tomar decisiones midiendo el riesgo”, por lo que sus decisiones suelen estar impulsadas por la necesidad de protección o afecto.
Montes enfatizó que en muchos de estos casos existe abandono familiar y social: “¿Dónde están los abuelos, los tíos, los padrinos? Son adolescentes que toman decisiones erróneas porque nadie interviene. Les estamos llamando esposos a abusadores, porque estamos hablando de hombres adultos que saben lo que hacen: abusan de la necesidad económica o emocional de las jóvenes”, advirtió.
“Las jóvenes dicen: ‘quiero un ‘sugar’ que me compre un carro’, pero no les vamos a decir ‘sugars’, les vamos a decir abusadores. Si tú tienes 14 y él tiene 30, eso es abuso sexual. Las cosas se deben llamar por su nombre”, recalcó la psicóloga.
