Una red de compañías señaladas por Estados Unidos por presuntamente abastecer precursores químicos al Cártel de Sinaloa recibió contratos públicos con gobiernos estatales, universidades y centros de investigación en el noroeste del país, incluidos la Universidad de Sonora (Unison), la Universidad Estatal de Sonora (UES), el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), de acuerdo con una investigación publicada por El Universal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó el 6 de octubre a 12 empresas y ocho personas físicas acusadas de proveer insumos químicos y equipo de laboratorio para la producción de fentanilo a la facción de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Una revisión de El Universal en la Plataforma Nacional de Transparencia y portales oficiales reveló que siete de esas compañías —Comercial Viosma del Noroeste SA de CV, Storelab SA de CV, Favelab SA de CV, Importaciones y Nacional Marcerlab SA de CV, Favela Pro SA de CV, Quilab SA de CV y Sumilab SA de CV— firmaron 630 contratos públicos entre 2018 y 2025 por un monto conjunto de 35.7 millones de pesos, en su mayoría adjudicaciones directas.
Universidades y dependencias entre sus clientes
Las instituciones contratantes incluyen a la Unison, UES, Itson y el Cobach, así como universidades de Sinaloa y Baja California Sur.
En el ámbito de la investigación científica, las empresas sancionadas también proveyeron al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), con sede en Mazatlán, Sinaloa, al Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) y al Colegio de la Frontera Sur, instituciones coordinadas por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno Federal.
De acuerdo con los registros, el CIAD fue uno de los principales clientes, al destinar 6.1 millones de pesos en 70 contratos a las compañías Storelab y Sumilab entre 2021 y 2024. La OFAC señaló que Storelab opera como filial de Sumilab, empresa que ya había sido sancionada en 2023.
Contratos con gobiernos estatales y hospitales
Los vínculos no se limitaron al ámbito académico. En Sinaloa, el gobierno estatal y diversas dependencias —como la Secretaría de Administración y Finanzas, el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física y Educativa, el Sistema DIF y el Hospital Civil de Culiacán— realizaron adquisiciones a las empresas hoy sancionadas.
En Baja California Sur, las contrataciones se realizaron a través de las secretarías de Finanzas y de Salud, además del ayuntamiento de La Paz, que hizo compras mediante el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.
Incluso, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aparece entre las dependencias federales que tuvieron relación con las compañías.
La red de la familia Favela López
Según el Departamento del Tesoro, la familia Favela López dirige esta red de empresas que suministra precursores químicos tanto al Cártel de Sinaloa como a compañías en Estados Unidos vinculadas con la producción de drogas sintéticas.
“Operan bajo la facción Los Chapitos y son responsables del suministro y distribución de precursores químicos y equipo de laboratorio a intermediarios y operadores afiliados al Cártel de Sinaloa, quienes producen fentanilo y metanfetamina ilícitos”, señala el boletín de la OFAC.
Tras las primeras sanciones en mayo de 2023 contra Sumilab, la familia cambió la imagen comercial y los nombres de sus tiendas, pero, según la OFAC, continuó operando bajo la misma estructura.
Las revelaciones apuntan a que esta red de empresas, hoy señaladas por el gobierno estadounidense, logró posicionarse durante años como proveedor recurrente de universidades, hospitales y dependencias públicas del noroeste mexicano.
