Le queda una semana de vida al Poder Judicial tal como lo conocíamos. El próximo lunes, 1º de septiembre, entrarán en funciones las personas electas para más de 800 cargos federales, y miles de cargos locales.
Se renovarán los tres tribunales nacionales de mayor poder: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el caso de la Corte, hay plena certeza de que cinco ministras y cuatro ministros asumirán sus cargos y de que su presidente será Hugo Aguilar, el abogado oaxaqueño que resultó ser el más votado el pasado 1º de junio.
Lo mismo ocurre en el caso del Tribunal de Disciplina, donde tres magistradas y dos magistrados integrarán su pleno, con la queretana Celia Maya como presidenta.
Pero, a una semana del cambio, hoy no existe la misma certeza en el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde se integrarán dos magistrados electos y, probablemente, una tercera persona que cubriría una nueva vacante abierta en octubre.
Después de la sesión del pasado miércoles, cuando la Sala Superior validó la elección judicial (y la operación acordeón) en votación dividida de tres a dos, el Tribunal Electoral se ha puesto en el centro del debate, cerrando una larga historia de polémicas, desatinos y exhibiciones escandalosas de su podredumbre interna.
El pleito no ha acabado y, en su agonía, el tribunal parece tener dos destinos, el que marca la ley y el que marca la política, o mejor dicho, la politiquería.
¿Cómo se integrará la nueva Sala Superior del Tribunal Electoral?
Junto con todo el paquete de la reforma judicial, el Senado convocó a elecciones para cubrir dos de las siete magistraturas que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral; plazas que estaban vacantes desde octubre de 2023, pues el Senado omitió terminar el proceso de selección que ya había iniciado.
Las personas más votadas el 1º de junio fueron Gilberto de Guzmán Bátiz García, con 4 millones 748 mil votos (18.3%) y Claudia Valle Aguilasocho, con 4 millones 203 mil votos (16.2%).
Ellos se integrarán a la Sala Superior el 1º de septiembre, luego de rendir protesta ante el Senado, y según lo que establece la reforma constitucional decretada en septiembre del año pasado, corresponde la presidencia de la Sala a la persona más votada, es decir, al magistrado Gilberto Bátiz.
Sin embargo, esto puede que no sea así, pues hay resistencias en los actuales magistrados que integran la mayoría oficialista de la Sala Superior: su presidenta, Mónica Soto, y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata.
Soto y “los Felipes” han conformado una especie de triunvirato que ha facilitado que se desarrolle la elección judicial, validando el proceso a pesar de inconsistencias, contradicciones y francas ilegalidades como la operación acordeón; un triunvirato que ahora le reclama al régimen -como si fuera un pago a sus servicios- el “derecho” a decidir quién presidirá el Tribunal.
Por un lado, la magistrada Mónica Soto ha pedido concluir su periodo como presidenta, el 31 de octubre, lo que retrasaría dos meses el nombramiento de una nueva presidencia.
Por otro lado, Fuentes y De la Mata empujan que sea Claudia Valle y no Gilberto Bátiz quien presida el Tribunal, a pesar de que ella obtuvo medio millón de votos menos que el candidato más votado.
Argumentan una cuestión de paridad de género (no sería la primera vez que instrumentalicen esa figura), pero en realidad lo que “los Felipes” le han hecho saber a los líderes morenistas del Congreso y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, es que ellos -sólo ellos- pueden garantizarles la permanencia de una mayoría afín al régimen, y que eso pasa por poner a Claudia Valle en la presidencia.
Claudia Valle Aguilasocho es magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey, del TEPJF. Tiene 33 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación y fue la “decana” a la que le correspondió integrarse en 2024 a la Sala Superior para calificar la elección presidencial. Se le atribuye cercanía a Felipe de la Mata. Aquí puede consultarse su perfil público.
Su llegada a la presidencia, pese a no ser la más votada y como producto de un acuerdo, la condicionaría a mantener la alianza con “los Felipes”. Y, lo que es peor, fortalecería a ese par de magistrados frente al gobierno de Claudia Sheinbaum, volviéndose imprescindibles para los fines del régimen, como ya lo fueron el pasado miércoles, cuando sus votos impidieron que se sancionara ejemplarmente la operación acordeón.
Es un alto costo para el gobierno de Sheinbaum y, sin embargo, todo parece indicar que será ella quien presidirá el Tribunal, y no Gilberto Bátiz, quien fue el más votado.
Gilberto de Guzmán Bátiz García es magistrado presidente del Tribunal Electoral del estado de Chiapas, y se integró desde 2006 al Poder Judicial, en el centro de documentación de la Suprema Corte. Aquí el CV que hizo público el INE.
Al igual que Claudia Valle, Bátiz ganó la elección porque apareció en los acordeones que alguien elaboró previamente, por lo que su lealtad estará con el régimen morenista; sin embargo, no es cercano ni a Felipe de la Mata ni a Felipe Fuentes, y su presidencia gozaría de mayor autonomía, no respecto del poder, pro sí respecto de “los Felipes”.
Pero ahí no acaba el enredo.
La o las nuevas vacantes en la Sala Superior
Como parte de los arreglos que hicieron posible la elección judicial, la mayoría morenista en el Congreso acordó ampliarle el mandato a los cinco magistrados que actualmente integran la Sala Superior hasta el 2027, con el fin de que les correspondiera calificar la elección de 2025 y procesar la eventual elección de 2027, en la que serán electos sus suplentes.
Así, Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez y Janine Otálora, permanecerían en sus cargos hasta agosto de 2027.
Sin embargo, la magistrada Janine Otálora ya ha anunciado que dejará el cargo en la fecha prevista originalmente en su nombramiento: 31 de octubre de 2025, abriendo una nueva vacante y dos escenarios posibles: el de mantener la Sala Superior incompleta o el de echar mano de las candidaturas votadas el pasado 1º de junio.
Dice el artículo 98 de la Constitución (reformada mediante el decreto del 15 de septiembre de 2024): “Cuando la falta de… una Magistrada o Magistrado del Tribunal Electoral… excediere de un mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo; en caso de declinación o imposibilidad, seguirá en orden de prelación la persona que haya obtenido mayor votación. El Senado de la República tomará protesta a la persona sustituta para desempeñarse por el periodo que reste al encargo”.
Hay quien dice que la sustitución de Otálora no se resolvería con este artículo, pues ella no fue electa para ese cargo, sino designada por el Senado en el ya lejano 2016.
Sin embargo, la interpretación de quienes dominan actualmente el Tribunal Electoral es que sí entraría la segunda mujer más votada el pasado 1º de junio, que es Rocío Balderas Fernández, quien obtuvo un millón 893 mil votos (7.3%). Y, si ella no acepta o no puede asumir el cargo, le correspondería a otra magistrada de larga trayectoria: Gabriela del Valle (un millón 629 mil votos).
¿Quién es Rocío Balderas?, es secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral, nada más y nada menos que en la ponencia de Felipe de la Mata. También trabajó con el expresidente del Tribunal Electoral, Alejandro Luna Ramos, con quien De la Mata inició su carrera profesional. Aquí su perfil público.
Su llegada a la Sala Superior, supliendo a Janine Otálora, fortalece a “los Felipes” y los vuelve aún más útiles y necesarios al régimen.
¿Habría una segunda vacante?
Otra duda se cierne sobre la Sala Superior, la de la permanencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Hay quien dice que el magistrado, quien fuera removido la presidencia del Tribunal por una maniobra de “los Felipes” y Soto en diciembre de 2023, renunciará tras la salida de Janine Otálora, para no quedarse a dar una lucha en solitario.
Pero él no ha dicho nada públicamente, y ni siquiera lo ha decidido.
En caso de concretarse ese escenario, lo sustituiría el segundo candidato más votado en la pasada elección: Rodrigo Quezada Goncen (un millón 20 mil votos, 3.9%), un abogado que se desempeña actualmente como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, nada más y nada menos que en la ponencia de Felipe Fuentes. Acá su perfil.
Otra vez, “los Felipes” adueñándose del Tribunal.
De concretarse las renuncias de Otálora y Rodríguez, y si lo consiente el régimen morenista, “los Felipes” estarían construyendo una nueva mayoría en el Tribunal, con sus dos secretarios de Estudio y Cuenta, Rocío Balderas y Rodrigo Quezada, además de Claudia Valle, cercana a De la Mata.
Mónica Soto, actual presidenta, quedaría aislada, junto con Gilberto Bátiz, a quien por ley le correspondería presidir la Sala Superior los dos primeros años de la nueva integración.
Alguien en el oficialismo podría preguntarle a la presidenta Claudia Sheinbaum si quiere seguir empoderando a “los Felipes”. De lo contrario, tiene una alternativa: propiciar que ocurra lo que dice textualmente la Constitución: que sólo se integren las dos magistraturas electas el 1º de junio y que presida quien obtuvo la mayoría de los votos.
