Hace once años, el 6 de agosto de 2014, un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, proveniente de la mina Buenavista del Cobre, contaminó la cuenca del río Sonora. Aquel evento, reconocido como el peor desastre ambiental de la historia minera del país, arrastró consigo no solo metales pesados, sino también una profunda desconfianza social hacia las instituciones encargadas de proteger el ambiente y la salud pública. Aquí le presento un resumen de la información y análisis publicados por investigadores del CIAD y del Colegió de Sonora.
Una tragedia que desbordó más que al río
El derrame comenzó en Cananea y recorrió más de 250 kilómetros, afectando a ocho municipios y a miles de personas. El agua, vital para el consumo humano, la agricultura y la ganadería, quedó contaminada. En los días siguientes, la incertidumbre se expandió como una segunda ola tóxica: pozos clausurados, desabasto, protestas ciudadanas, represión estatal y, pronto, la creación del Fideicomiso Río Sonora como respuesta oficial.
Sin embargo, la descoordinación institucional, la ausencia de un monitoreo epidemiológico sostenido y la falta de transparencia impidieron una evaluación integral del impacto. La información científica clave fue bloqueada por convenios de confidencialidad. El gobierno federal dio por terminado el fideicomiso en 2015, sin haber cumplido sus compromisos de indemnización y remediación. La población, en cambio, siguió enfrentando consecuencias económicas, sociales, de salud y psicosociales que el protocolo oficial de emergencia nunca reconoció plenamente.
La empresa responsable, Grupo México, continuó operando sin sanciones estructurales. El daño fue tratado como una “contingencia ambiental”, no como una tragedia humana ni un atentado al tejido ecológico y cultural de la región.
La herida que no cierra
Hoy, el río Sonora sigue siendo un emblema de lo que no debe repetirse, pero también de lo que no se ha resuelto. La cuenca sigue siendo una región de alta fragilidad hídrica: de los diez acuíferos, cinco están sobreexplotados. El 80% del agua utilizada es extraída de fuentes subterráneas, muchas de ellas afectadas por contaminación. La información sobre calidad del agua presenta omisiones graves; en varios casos, los valores de metales pesados rebasan los límites permitidos, pero los datos aparecen como “N.E.”.
En los municipios más afectados, el ritmo de despoblamiento rural se aceleró tras el derrame. La identidad colectiva, profundamente ligada al río, se quebró ante la imposibilidad de confiar en su cauce. A pesar de los anuncios, muchas de las plantas potabilizadoras prometidas no se concluyeron o están fuera de operación. El Plan de Justicia para la región, anunciado como solución estructural, no ha logrado trascender los gestos simbólicos.
Luque y Murphy plantean que el desastre reveló la ausencia de organización regional autónoma, la ineficacia de las autoridades ambientales, la instrumentalización política del desastre y la incapacidad de la comunidad científica para actuar de forma integrada y en defensa de las comunidades afectadas.
¿Qué sigue para el río Sonora?
Más de una década después, la pregunta ya no es solamente qué se hizo mal, sino si existe voluntad para hacer algo bien. Urge la creación de un protocolo federal de atención a desastres ambientales que contemple no solo la dimensión técnica del daño, sino la reparación social, el monitoreo independiente y el respeto a los derechos de las comunidades. Se necesita también una red de vigilancia ciudadana, una fiscalización real sobre las operaciones mineras, y sobre todo, una política que no apueste al desgaste y al olvido como forma de administración.
Ahora, sobre este río devastado, se cierne la amenaza de apresarlo y volverlo una red de fontanería. El río Sonora fue, es y debe seguir siendo una fuente de vida. Recordarlo hoy, en este aniversario trágico, es también insistir en que todavía hay oportunidad de rehabilitación socio-ambiental.
