SUMARIO: El hecho de que Sheinbaum haya pedido a la comisión presidencial un “diagnóstico profundo” del sistema electoral arroja una luz de esperanza: si Pablo Gómez se toma en serio esta encomienda, la reforma tendría que ser muy distinta al plan A, al plan B y al plan C presentados por AMLO.
Era 28 de abril de 2022; habían pasado tres semanas desde la consulta de revocación de mandato, en la que Morena movilizó a 16 millones de personas para ratificarle el mandato a Andrés Manuel López Obrador, y el presidente aparecía en la conferencia mañanera acompañado de Pablo Gómez y Horacio Duarte, dos de sus principales consejeros en temas político-electorales, para hacer un anuncio importante.
Lo extraño no era que López Obrador anunciara una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral -de hecho, era un tema recurrente en sus mañaneras-, lo extraño era que la iniciativa fuera presentada por dos funcionarios adscritos a la Secretaría de Hacienda, cuyas carteras no tenían nada que ver con ese tema: Duarte era el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y Gómez el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Sin embargo, tocó a ellos redactar el llamado “plan A” de reforma político-electoral de AMLO. La iniciativa buscaba reformar 18 artículos de la Constitución e incluía 10 puntos principales:
- Suprimir al Instituto Nacional Electoral (INE) y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
- Crear una sola legislación electoral para todo el país.
- Desaparecer los tribunales electorales locales y los Organismos Públicos Locales (OPL).
- Elegir a los consejeros del INEC y magistrados electorales, postulados por los tres Poderes de la Unión, mediante voto popular.
- Reducir a siete los consejeros electorales.
- Eliminar las 200 diputaciones plurinominales.
- Reducir los legisladores federales y locales a 300 diputaciones federales, 96 senadurías; de 15 a 45 diputaciones locales y hasta 9 regidurías en los ayuntamientos.
- Reducir el financiamiento de partidos políticos y asignarlo exclusivamente en campañas electorales.
- Avanzar hacia el voto a través de medios electrónicos.
- Disminuir los tiempos de radio y televisión en materia electoral y eliminar los tiempos fiscales.
La iniciativa fue dictaminada en noviembre de 2022, pero el pleno de la Cámara de Diputados la desechó el 6 de diciembre de ese mismo año, gracias a una alianza legislativa de partidos opositores, que en ese momento aún tenían los votos suficientes para impedir que Morena y sus aliados lograran la mayoría calificada para conformar mayoría calificada.
Presionados por las movilizaciones de la llamada “marea rosa”, los diputados del PRI, PAN, PRD y MC votaron en contra de la iniciativa redactada por Pablo Gómez y Horacio Duarte.
En respuesta, AMLO mandó el “Plan B” de reforma electoral a la Cámara de Diputados en el preciso momento en el que el plan A era desechado. La nueva iniciativa proponía realizar más de 400 cambios a seis leyes secundarias en materia electoral y de comunicación, para achicar al INE, restarle facultades, reorganizar su estructura interna, echar a su secretario ejecutivo y ampliar los márgenes de injerencia del Ejecutivo en las elecciones.
El plan B se aprobó en medio de un desaseado proceso legislativo, que está descrito en esta crónica publicada en enero de 2023: “El Plan B, o cómo destazar al INE”. Y meses después fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente por los errores de proceso legislativo.
A Morena y AMLO no les quedó de otra más que ir a las elecciones de 2024 con las mismas reglas electorales vigentes desde 2014, pero López Obrador inició el año electoral enviando su plan C, un paquete de iniciativas que incluía ya no sólo una reforma político-electoral, sino una reforma al Poder Judicial y más de una decena de cambios constitucionales que, meses después, fueron aprobados por Morena y sus aliados gracias a las súper mayorías obtenidas en los comicios.
Paradójicamente, la reforma electoral se quedó en el tintero. En medio de un festín de reformas con sello lopezobradorista, la electoral fue desechada, y ahora toca a la presidenta Claudias Sheinbaum hacer una nueva propuesta.
El regreso de Pablo Gómez
Aquí es donde regresa al terreno de juego Pablo Gómez, quien se había desdibujado hasta convertirse en un gris director de la UIF, sin relevancia, sin trascendencia y sin presencia pública más que cuando fue llamado, el pasado mes de mayo, para entretener a la audiencia de las conferencias mañaneras con un power point sobre el Fobaproa, en medio de una polémica entre la presidenta Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo.
Disminuido y descolocado en la estrategia del nuevo gobierno para combatir a los grupos del crimen organizado (quizás ahora sí se busque que la UIF investigue, castigue y prevenga el lavado de dinero), el exdirigente estudiantil del 68, expreso político, exdirigente nacional del PRD, tribuno consagrado y campeón de las diputaciones y senadurías plurinominales -Pablo Gómez- fue llamado por Sheinbaum para encabezar la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Un grupo del que próximamente se conocerán más integrantes y que, según el comunicado de Presidencia, “tendrá por objetivo la elaboración de un diagnóstico profundo del estado en el que se encuentra el modelo electoral y de partidos, y confeccionar una reforma legislativa acorde con los tiempos actuales en México, en donde se ponga en el centro la democracia y el pueblo”.
Aún no se sabe si Horacio Duarte se integrará a este grupo -sería extraño que dejara la Secretaría de Gobierno del Estado de México para incorporarse a estas labores, cuando la gobernadora Delfina Gómez no ha cumplido ni dos años de gobierno-, pero es previsible que la nueva iniciativa tenga mucho del pensamiento de él y otros operadores electorales de Morena, además de Pablo Gómez.
Varios de los diez puntos que Gómez y Duarte presentaron en la mañanera del 28 de abril de 2022 coinciden con lo que ha dicho Sheinbaum como candidata y como presidenta: la desaparición de plurinominales (toda una paradoja para alguien con la trayectoria legislativa de Gómez), la reducción del presupuesto a partidos y la transformación y abaratamiento del INE, por ejemplo.
Sin embargo, el hecho de que Sheinbaum haya pedido a la comisión presidencial un “diagnóstico profundo” del sistema electoral arroja una luz de esperanza: si Pablo Gómez y su equipo se toman en serio esta encomienda, la reforma tendría que ser muy distinta al plan A, al plan B y al plan C que presentó AMLO en su sexenio.
Y así, Sheinbaum y el postobradorismo podrían proponer un plan D de reforma político-electoral, que no sólo recicle lo que desde 2022 ha estado en la mente de Andrés Manuel y Pablo Gómez.
