Era 1995 cuando surgió uno de los primeros proyectos que buscaban “gentrificar” la Ciudad de México. Habían pasado apenas 10 años del terremoto de 1985, aún dominaba el PRI, los chilangos no teníamos derecho a votar por nuestros gobernantes y la palabra “gentrificación” ni siquiera estaba en el diccionario.
Uno de los primeros intentos por reconstruir y repoblar una de las zonas más deterioradas de la Ciudad de México se llamó “Proyecto Alameda”, y era una idea de la inmobiliaria canadiense Reichmann International.
El regente de la Ciudad era el priista Óscar Espinosa Villarreal, quien había sido nombrado por el presidente Ernesto Zedillo en diciembre de 1994, y transcurrían los primeros años de un sexenio caracterizado por la aplicación de las medidas más drásticas del neoliberalismo para enfrentar la crisis de cambio de sexenio (aumento del IVA y de las tarifas de servicios, quiebra de la empresa de transporte público Ruta 100, privatizaciones y desarrollo de proyectos que generaron ganancias millonarias a sus promotores, nacionales y extranjeros).
El Proyecto Alameda, que buscaba desarrollar edificios de vivienda de alto costo, oficinas y centros comerciales sobre la avenida Juárez, se proponía la remodelación de toda la zona, el arreglo de banquetas, luminarias y servicios públicos, y la rehabilitación de las vecindades para la llegada de nuevos habitantes a la zona.
Se buscaba crear un emblema de lo que hoy llamamos gentrificación: “proceso de renovación urbana donde barrios populares o deteriorados son transformados, generalmente con la llegada de personas de mayor poder adquisitivo, lo que a menudo resulta en el desplazamiento de los residentes originales” (la definición es de Google).
El Proyecto Alameda, según se nos explicó a los periodistas que entonces cubríamos los asuntos de la Ciudad de México, era parte de un corredor de desarrollo inmobiliario que vendría desde Cuajimalpa -donde Manuel Camacho y Marcelo Ebrard ya habían desarrollado la ZEDEC Santa Fe en los años dorados del salinismo), pasaría por todo Paseo de la Reforma y desembocaría en la Alameda, “gentrificando” todos los barrios y colonias a su paso.
Reichmann y Óscar Espinosa se toparon con la oposición de miles de vecinos que muy pronto se manifestaron en contra del Proyecto Alameda, desempolvaron sus banderas del Movimiento Urbano Popular y se organizaron en defensa de su barrio.
En esa oposición confluyeron muchos de los líderes de organizaciones que integraban el Movimiento Urbano Popular, como Dolores Padierna, Javier Hidalgo, Marcos Rascón (Súper Barrio), Leopoldo Ensástiga y Clara Brugada, por mencionar algunos.
Más que las movilizaciones, lo que realmente detuvo el Proyecto Alameda fue la gran crisis económica de 1995. Pero la oposición a ésta y otras políticas públicas del neoliberalismo salvaje le dio cohesión y banderas a los grupos que entonces confluían en el PRD, que en 1997 llevaron a Cuauhtémoc Cárdenas a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.
Gentrificación en los gobiernos de izquierda
La crisis no detuvo el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y, en 1997, durante la transición entre el priismo y el primer gobierno democrático de la Capital, Óscar Espinosa entregó al ingeniero Cárdenas una cartera de proyectos -algunos en marcha y otros totalmente detenidos- para rehabitar las colonias dañadas por los sismos y detener la expansión de la Ciudad hacia sus periferias, que generaba invasiones, la pérdida de zonas ecológicas, problemas de transporte y movilidad, y la necesidad de construir obras de infraestructura para llevar servicios urbanos a asentamientos alejados del centro.
Cuauhtémoc Cárdenas (1997-2000) no rechazó esos proyectos, e incluso, en febrero de 1998, acudió a la colocación de la primera piedra de la Torre Mayor, en Paseo de la Reforma. Una obra que implicó demoler el antiguo Cine Chapultepec para levantar un rascacielos de 225 metros de altura.
Simbólicamente, el entonces edificio más alto de la Ciudad fue hecho por Reichmann, el mismo desarrollador que había visto frustrados sus planes del Proyecto Alameda.
El resto es una historia más o menos conocida, que puede condensarse en una frase: el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México y los procesos de gentrificación ocurrieron bajo el mando, supervisión y autorización de gobiernos emanados de la izquierda, primero perredista y luego morenista.
La renovación urbana en decenas de colonias, con la llegada de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo, elevación de las rentas; proliferación de restaurantes, cafeterías, bares y tiendas con servicios y precios casi exclusivos para extranjeros; el consiguiente desplazamiento de los habitantes originales y el cambio de la identidad comunitaria en los barrios… todo eso no ocurrió como una fatalidad impuesta o solapada por gobernantes priistas o panistas.
En realidad, los principales responsables de las políticas inmobiliarias y de vivienda que causaron la gentrificación se llaman Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum.
Con López Obrador como jefe de Gobierno (2000-2006) se emitió el famoso Bando 2, que buscaba repoblar las colonias dotadas con servicios públicos con vivienda popular y/o asequible para clases medias; aunque, en realidad, eso permitió la proliferación de proyectos de vivienda y el surgimiento del llamado “cártel inmobiliario”, una confluencia de empresarios y autoridades que obtuvieron enormes ganancias con la construcción de edificios de vivienda.
Aunque fueron los gobernantes panistas de la alcaldía Benito Juárez quienes se ganaron a pulso el mote de “cártel inmobiliario”, en realidad todos los jefes y jefas de Gobierno dejaron que la construcción de vivienda se guiara por los fines comerciales de los desarrolladores y no por una política pública que privilegie el bien común y proteja a los habitantes originales.
El modelo se reprodujo con Marcelo Ebrard (2006-2012), quien otorgó los permisos para la construcción de Mitikáh, la enorme torre que ensombreció para siempre el antiguo barrio de Xoco y que hoy se erige como un símbolo del triunfo de la gentrificación en la ciudad.
Pero fue en el gobierno de Mancera (2012-2018) en el que se dio el boom inmobiliario con cambios en el uso de suelo en varias zonas de la ciudad, la llegada y expansión de Airbnb (2016 es el año con más inmuebles registrados en la plataforma) y la proliferación de desarrollos como los B-Grand, que aparecieron en Coyoacán, Del Valle, Tlalpan, Pedregal, San Ángel y Polanco.
A Mancera -quien también tuvo que enfrentar el sismo de 2017 y dar inicio a un programa de reconstrucción- se le ha señalado, incluso recientemente en la conferencia mañanera, como responsable de la gentrificación: Pero lo cierto es que todos los jefes y jefas de gobierno han puesto su grano de arena para el desarrollo de un proceso que, por otro lado, no es exclusivo de la Ciudad de México, sino un fenómeno global ligado al modelo económico y la desigualdad, imperantes en todo el mundo.
Hacia una ciudad habitable
En ese contexto histórico, las consecuencias de la gentrificación comenzaron a hacer crisis desde el gobierno de Claudia Sheinbaum (2018-2024), y hoy han hecho estallar las protestas en la administración de Clara Brugada.
La jefa de Gobierno es heredera de las luchas del Movimiento Urbano Popular y una lideresa importante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), que durante años exigió la regularización y urbanización de predios invadidos por sus militantes en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa.
Le toca a Brugada encarar los reclamos de los grupos que hoy se dicen desplazados y se levantan en contra de las rentas impagables, los elevados costos de la vivienda y el encarecimiento de la vida en la Condesa, la Roma, la Narvarte, la Portales, la Juárez, la Cuauhtémoc, el Centro Histórico, la San Rafael, la Santa María la Ribera y otras colonias que están dejando de ser populares para convertirse en sitios de privilegio para adinerados y extranjeros.
¿Podrán Brugada y las 14 acciones de su Bando 1 detener los estragos de la gentrificación, para lograr “la ciudad habitable, asequible, con identidad y arraigo local” que ha prometido la nueva administración?
