El 23 de junio inició el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión. Los temas a tratar reflejan la visión de Estado que se ha venido consolidando desde 2018: intervención gubernamental en el sector privado, concentración de datos personales, mayores facultades para la Guardia Nacional —órgano de naturaleza militar— en diversos ámbitos públicos y sociales, legalización del espionaje, vigilancia constante a empresas (donde las más afectadas son las medianas y pequeñas), y una creciente desconfianza hacia la sociedad civil.
En una semana se aprobarán un total de 16 modificaciones legislativas:
- Prohibición del uso de ejemplares mamíferos marinos.
- Comercialización de la totoaba.
- Lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Fortalecimiento de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
- Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
- Ley Federal de Competencia Económica.
- Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos.
- Reconocimiento a las mujeres que han transformado a nuestra patria.
- Servicios ferroviarios y de armonización normativa.
- Facultades de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados.
- Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Ley de la Guardia Nacional.
- Desaparición del CONEVAL; sustitución de funciones por parte del INEGI.
- Retiro por desempleo.
- Facultades de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores.
De estas 16 reformas, al menos seis deberían ocupar nuestra atención por afectar directamente la protección de nuestros datos personales. En esta revoltura legislativa se intensifica la vigilancia sobre los ciudadanos y se desvanece la barrera de su privacidad. La justificación oficial es mejorar la capacidad del gobierno para enfrentar delitos y facilitar la identificación de personas desaparecidas. Sin embargo, los factores comunes en esta miscelánea legislativa revelan otra cosa.
Imagínese usted: con la nueva CURP biométrica, sus datos más sensibles le pertenecerán al gobierno. Hasta su línea de celular será parte del sistema gubernamental. Y, por si fuera poco, si se niega a otorgar esta información a las dependencias del Estado, no podrá realizar ningún trámite porque no se le concederá su Llave MX, la nueva herramienta digital para agilizar procesos burocráticos.
El gobierno está creando una base de datos masiva que, en cualquier momento, podría ser utilizada en su contra. La poderosa Secretaría de Hacienda, en colaboración con los militares de la Super Guardia Nacional, podrá aplicarle discrecionalmente todo el peso de la ley, sin regulaciones claras ni garantías de presunción de inocencia. Y si usted, querido lector, pensaba en fundar una asociación civil sin fines de lucro por alguna causa noble, olvídelo: con las nuevas disposiciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, toda organización de este tipo enfrentará la misma sobrerregulación y vigilancia que una empresa multinacional. Sale más caro el remedio que la enfermedad.
Pero la cruzada contra el lavado de dinero no termina ahí. Se ha creado la figura ambigua de la Persona Políticamente Expuesta, categoría que incluye a cualquiera que realice —o esté vinculado con— alguna actividad “vulnerable”. El problema no es identificar a estas personas, sino que la definición es tan amplia que cualquiera podría ser considerado sospechoso. Le recomiendo que se cuide la espalda y se capacite con el Manual de Políticas Internas, no vaya a ser que termine considerado cómplice de delitos que no cometió.
Sigamos con las consecuencias de esta semana legislativa. A la Guardia Nacional se le ha dotado de facultades para vigilarlo, monitorearlo y rastrearlo en la red pública, por si acaso usted divulga en sus actividades digitales información relacionada con algún delito en el que piense participar. Para alimentar esta vigilancia, se obliga a las empresas de comunicaciones privadas a entregar su información a la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
¿Está preocupado y quiere protegerse? Le ofrezco una solución: recurra a nuestro nuevo Poder Judicial, elegido democráticamente mediante acordeones que respondieron a los intereses de quienes redactan y ejecutan estas leyes. No se preocupe, seguro imperará la imparcialidad en la ley y reinará la justicia en sus nunca arbitrarias resoluciones.
La visión de nación queda claramente impregnada en todo este legado legislativo que la llamada Cuarta Transformación ha impulsado. Se parte de la idea de que, ante situaciones extremas de inseguridad y desorden, deben aplicarse medidas extremas. El problema es que estamos borrando las fronteras entre lo privado, lo social y lo gubernamental, permitiéndoles un control excesivo sobre nuestra vida ciudadana. ¿Y si es el mismo gobierno quien usa esa información en nuestra contra?
Para resolver el dilema entre el orden, la eficacia gubernamental y la protección de los datos personales, algunos ciudadanos, teóricos y legisladores propusieron la existencia de órganos descentralizados y autónomos, como el INAI. Pero, como ningún fruto del “neoliberalismo” es loable, y como solo desde una presidencia imperial se puede gobernar bien —según la lógica dominante—, decidieron eliminarlo.
¡En este periodo extraordinario se vienen medidas extraordinarias para una ciudadanía dispuesta a cederle todo ámbito de su existencia a este gobierno popular, bueno y sabio!
