La última sesión del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) duró 16 minutos. Fue una reunión virtual, transmitida en redes sociales, que inició a las 11 de la noche con 35 minutos, en la que los cuatro integrantes del pleno aprobaron un último acuerdo y cerraron la cortina.
Fue un triste final para una institución cuya nobleza no siempre fue honrada por sus comisionadas y comisionados.
Pasadas las 18:00 horas, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de las leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales; a las 22:23 horas, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto correspondiente en una edición vespertina, y a las 23:35 horas comenzó la última sesión del pleno del INAI.
El último acto del Instituto fue un trámite burocrático: crear un comité de transferencia que entregará los recursos materiales a la nueva institución creada por Morena y sus aliados en el Congreso para garantizar, según ellos, el derecho a la información: “Transparencia para el pueblo”, un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Como dijo la comisionada Josefina Román, ahora sí se trataba de la “ultimísima sesión”, y había que ser breves, porque en el último minuto del jueves el INAI se convertiría en calabaza.
Sus compañeras, Julieta del Río y Blanca Ibarra, también apuraron las despedidas y los agradecimientos a sus equipos de trabajo, y recordaron que seguirán viéndose, pues las actuales integrantes del INAI serán parte del comité de transferencia.
El comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, se extendió un poco más que sus compañeras, y aprovechó para hacer un breve recuento del camino andado desde la expedición de la primera Ley Federal de Transparencia, en 2002; la integración del IFAI y su conversión en INAI; hasta la extinción ordenada por la reforma constitucional aprobada por Morena y sus partidos aliados como parte del “Plan C” que le heredó Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum.
Concluía una larga historia de claroscuros y, como advirtió una de las comisionadas, “no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla”; así que ahí estaban, las tres comisionadas y el comisionado presidente, apurando una última votación, el último acto legal del INAI.
El acta de defunción del instituto dirá que murió a las 23:50 horas del jueves 20 de marzo de 2025, y su epitafio podría especificar: “aquí yacen las ilusiones de una generación que creyó en la transparencia y la rendición de cuentas”.
Transparencia para el pueblo
Las últimas horas de vida del INAI fueron caóticas, con un grupo de trabajadores tomando la sede del instituto en el sur de la Ciudad, y las comisionadas haciendo malabares con la demanda de que se protegieran sus derechos laborales.
Liquidación, recontratación, finiquito, protección a los derechos adquiridos eran las demandas de empleados y empleadas (algunas que estuvieron ahí las dos décadas), que tuvieron como única respuesta la incertidumbre.
Las y el comisionado que se van actuaron como acostumbraron en los últimos años: sin ingenio ni visión de Estado, y los que van a llegar -comandados por la secretaria Raquel Buenrostro- aún no podían llegar.
No eran tantos los trabajadores que durante más de seis horas bloquearon la avenida de los Insurgentes Sur, pero se calcula que serán más de 400 los afectados por la extinción del INAI y el nacimiento de Transparencia para el Pueblo.
Más allá de su nombre propagandístico, la nueva institución es una quimera, cuyas reglas de funcionamiento interno fueron publicadas en otra edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, ésta del viernes 21 de marzo.
El decreto firmado por Claudia Sheinbaum establece que Transparencia para el Pueblo es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción con autonomía técnica y operativa.
El titular de este órgano será nombrado por la titular de la Secretaría Anticorrupción y tendrá, para su operación, siete direcciones generales bajo su mando: 1. Políticas, Vinculación y Capacitación; 2. Obligaciones de Transparencia; 3. Recursos de Revisión y de Inconformidad; 4. Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública; 5. Asuntos Internacionales e Información; 6. Jurídica, y 7. Administración y Finanzas.
Es decir, se acabaron los tiempos de un pleno integrado por siete comisionados, nombrados por el Senado y con autonomía constitucional, y comienza la era de la “transparencia” en manos del gobierno federal.
Epílogo
Con más prejuicios que evidencias, López Obrador puso en la mira al INAI desde comienzos de su mandato, en 2019. Nunca le gustó el organismo ni el mecanismo empleado por los partidos políticos para repartirse los lugares en el pleno.
Nunca creyó en un diseño constitucional basado en un reparto de comisionados correspondiente al peso de cada fuerza política representada en el Congreso. Nunca creyó en la ciudadanización de los organismos constitucionales autónomos ni mucho menos los respetaba.
Para el momento en que López Obrador llegó a la Presidencia de la República, el propio INAI ya había abonado a su descrédito, con comisionados que un día eran autónomos y al otro día militaban en un partido político. Por mencionar los dos ejemplos más notorios: Alonso Lujambio se afilió al PAN en junio de 2009, cinco meses después de haber dejado la presidencia del IFAI, y Ximena Puente fue electa diputada federal del PRI un año después de concluir su periodo como presidenta del INAI.
Así como refutarle a López Obrador la idea de que era un organismo que servía a los intereses del “PRIAN”.
Y, para acabarla, los altos sueldos, los viajes por el mundo, los abusos en la contratación de publicaciones y asesores, y los escándalos de corrupción abonaron a una mala fama pública que hizo difícil su defensa en el momento en el que el lopezobradorismo alcanzó la mayoría que necesitaba para extinguir un instituto que su líder consideraba oneroso e inútil.
El INAI murió dejando inconclusa la tarea de consolidar un sistema nacional de transparencia y una cultura ciudadana de exigencia de rendición de cuentas, que eran los anhelos del Grupo Oaxaca y decenas de activistas, académicos y periodistas que pugnaron por la primera ley de transparencia y acceso a la información pública.
Pero queda vivo el derecho a la información, consagrado en el artículo sexto de la Constitución. Nada impide que la ciudadanía siga solicitando la información pública que no encuentre en los portales de los sujetos obligados (es decir, todo aquel ente público que ejerce recursos del erario). Ese derecho habrá que seguirlo ejerciendo.
