De acuerdo con las estadísticas, el programa ha logrado regularizar alrededor de 2 millones 559 mil 256 vehículos y recaudar seis mil 398 millones 140 mil pesos en los últimos años.
Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- A cuatro días de terminar su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó extender hasta septiembre de 2026 el programa de regulación en vehículos usados de procedencia extranjera, a fin de ordenar el paquete vehicular en la frontera norte para su importación definitiva.
El decreto, que busca regularizar los vehículos conocidos como “autos chocolate”, permite que los propietarios registren y cumplan con los requisitos fiscales y normativos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a pesar de la negativa por parte de la industria automotriz formal, entre los concesionarios de vehículos nuevos.
“Derivado de la buena aceptación del programa y toda vez que continúa la demanda de personas que solicitan la regularización de vehículos de procedencia extranjera, se estima necesario ampliar la vigencia” del mismo, dice el decreto firmado por López Obrador en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
La extensión del decreto fue acordada con la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumirá su cargo el próximo martes 1 de octubre, así como los titulares de las secretarías de Economía, Raquel Buenrostro; de Gobernación, Luisa María Alcalde; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y de finanzas públicas, Rogelio Ramírez de la O, la cual entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023 y concluirá el 30 de septiembre de 2026 con opción de modificaciones.
De acuerdo con las estadísticas, el programa ha logrado regularizar alrededor de dos millones 559 mil 256 vehículos y recaudar seis mil 398 millones 140 mil pesos en los dos últimos años, de los cuales se han canalizado a obras de pavimentación en los municipios de las entidades federativas participantes, en beneficio de sus habitantes y vecinos de zonas cercanas.
Entre los estados participantes se encuentran Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Pese a la aprobación, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), lamentó la acción por parte del Gobierno federal al asegurar que “fomenta la corrupción de funcionarios públicos que permiten el ingreso al país de contrabando” y fomentar la importación de autos de baja calidad y con altos niveles de contaminación.
Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, destacó que en diversas ocasiones la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos ha sido uno de los principales factores detrás de la desaceleración en las ventas de vehículos nuevos, especialmente en el segmento de bajo costo.
Desde sexenios previos, el Gobierno emitió diversos decretos para impedir la circulación de este tipo de vehículos usados en el país, salvo que cumplieran requisitos ambientales y pago de impuestos.
Sin embargo, el Gobierno Federal, por su parte, justificó la extensión del decreto como una medida necesaria para regularizar el parque vehicular, y que representa un riesgo para la seguridad vial al no estar registrado formalmente.
Ante ello, el decreto, que entró en vigor hace dos años ya ha tenido un total de ocho extensiones, la última en marzo pasado, que terminaría este mes, por lo que ahora se ha aumentado el plazo por dos años más.
