Hablar de seguridad pública no es cualquier cosa; es uno de los principios fundacionales de cualquier Estado. Cedemos algunos derechos, como el de autogobierno, al Estado a cambio de que nos aseguren un principio universal: la supervivencia. La seguridad interior no puede ser un tema secundario en la vida pública del país; debe ser la primera preocupación a resolver, ya que es el fundamento por el cual nos organizamos socialmente. Los pactos de asociación humana siempre han estado marcados por este principio; todas las culturas que nos preceden lo entendieron. Hasta la organización corporativista de la Edad Media lo priorizaba con el pacto feudo-vasallal: el vasallo trabajaba la tierra y le pagaba al señor feudal para que él lo protegiera y le otorgara seguridad.
En México hace años que perdimos el rumbo, el acostumbramiento y la falta de capacidad para solucionar la crisis violenta que se vive han sumido a las autoridades en una indiferencia e insensibilidad al grado de que los encargados de la seguridad pública han renunciado a sus labores abandonando a los ciudadanos a su suerte. Con la reforma que está por aprobarse, el gobierno federal claudica en su tarea primordial de garantizar seguridad interior y le traslada la responsabilidad a los militares.
La reforma que inscribirá a la Guardia Nacional en la Sedena está por votarse en el Senado. Su planteamiento consolida un proceso fallido en materia de seguridad pública iniciado en 2006. El combate al crimen organizado ha pasado gradualmente de instituciones civiles encargadas de la seguridad interior a instituciones militares. La fallida “guerra contra el narco” impulsó el actuar de elementos de la Sedena en la seguridad interior del país. El argumento para integrar a las fuerzas militares en labores de seguridad pública era que las organizaciones policiales no tenían la capacidad para enfrentar al crimen organizado. Los militares subsidiaron las tareas de los policías, el problema es que su involucramiento en la escena civil está directamente relacionado con el incremento de los homicidios. El abuso del uso de la fuerza por parte de los grupos criminales aumentó con la presencia de soldados en las calles. En 2017, Enrique Peña Nieto reforzó el actuar de los militares y su gradual sustitución de las labores policiales con la aprobada Ley de Seguridad Interior, la ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte, a pesar del intento fallido, se generó un precedente y se acentuó la tendencia de la militarización como única solución a la situación de inseguridad en la que vivimos. Por 18 años, se ha continuado con esta estrategia centrada en la centralización del uso de la fuerza con los militares. En 2019, se planteó una propuesta distinta e innovadora, la creación de una organización civil que provisionalmente contaría con elementos militares, pero centrada en la prevención del delito para actuar conforme a la investigación, a la prevención del delito y así, evitar las reacciones violentas en contra de los criminales, ese nuevo cuerpo de seguridad fue nombrado: Guardia Nacional.
Desde su composición, la Guardia Nacional estuvo integrada en su mayoría por militares. Actualmente, el 80% de sus elementos provienen del ejército. La institución dependía de la Secretaría de Seguridad Pública por lo que “en teoría” era de carácter civil. Sus funciones sustituyeron a las de la extinta Policía Federal. La seguridad pública a nivel federal depende de dos instituciones: la Policía Federal Ministerial controlada por la fiscalía y se encarga de la investigación, y la Guardia Nacional, que combate los delitos del fuero federal. Con la reforma, no existirá ninguna institución civil centrada en el combate al crimen, la adscripción de la Guardia Nacional a Sedena completa la militarización de las labores en materia de seguridad pública.
La idea de incorporar a militares en labores del fuero federal bajo el mando de civiles no obtuvo los resultados esperados. Mi pobre conocimiento del tema me hacen pensar que dos razones no permitieron una colaboración efectiva entre los militares y las fuerzas civiles encargadas de la seguridad pública porque: 1) los militares, tradicionalmente, no se doblegan ni obedecen a las instrucciones de civiles; 2) se redujo el presupuesto para la prevención del delito y se aumentó del gasto al combate al crimen, hechos que muestran la falta de apoyo a la investigación y el refuerzo a la idea militar de confrontación y combatividad.
Andrés Manuel López Obrador ha sido proclamado por sus seguidores como el mejor presidente de la historia. A pesar del gran apoyo popular con el que contó durante su sexenio, su legado quedará manchado por la trágica realidad de los casi 200 mil muertos que ocurrieron en su mandato, convirtiéndose en el periodo presidencial con más asesinatos en la historia del país. Su fallida política en seguridad es consecuencia de los errores que presentó la Guardia Nacional en su operación y ejecución. En cinco años, la Guardia Nacional no contribuyó al establecimiento del orden ni de la paz en el país; al contrario, la violencia extrema aumentó. Para intentar combatir la crisis de inseguridad, el presidente optó por el camino fácil a corto plazo, pero ineficaz: consolidar la militarización en la seguridad pública para que los militares sustituyan de una vez por todas a las fuerzas policiales en el combate al narcotráfico. Tan es así que la Guardia Nacional tendrá facultades de investigación junto con el Ministerio Público. López Obrador está siguiendo y perfeccionando la estrategia fallida de su antecesor político, Felipe Calderón.
La visión del presidente en todas sus políticas públicas se basa en la centralización del poder. Esta centralización la ha aplicado en todas las áreas; de hecho, la argumentación de la reforma constitucional en seguridad pública que afecta a la Sedena y a la Guardia Nacional nace de su desconfianza hacia la municipalización y al sistema de seguridad estatal. México se ha acostumbrado a denostar a las fuerzas policiales, considerándolas incapaces de combatir el crimen, debido a los casos de corrupción que las afectan. El presidente cree que la mejor forma de controlar la seguridad es retornar al modelo del partido hegemónico, donde el PRI influía directamente en la gobernanza de los estados y municipios, lo que, en teoría, generaba mayor control sobre el crimen organizado. La alternancia democrática en los gobiernos municipales y estatales y la apertura económica beneficiaron indirectamente a los criminales, ya que la diversificación del poder político creó vacíos que permitieron al narcotráfico incidir en los ayuntamientos y en los estados.
La tendencia a centralizar el uso de la fuerza en seguridad pública en los mandos militares nace de la tesis de que el país es ingobernable porque el crimen organizado ha adquirido dominio sobre otros órdenes de gobierno. La disciplina militar contrasta con la naturaleza del federalismo y del pluralismo porque se rige bajo un código en el que la jerarquía vertical, la obediencia y el combate son fundamentales para generar una homogeneización en sus miembros y con ello, en teoría, mayor eficacia y menor corrupción.
La realidad es que la falta de capacitación en la formación policial centrada en la prevención del delito y su desconocimiento de la ingeniería criminal y social en las comunidades, han impedido que militares ejerzan estrategias que aborden las actividades criminales. Además, su entrenamiento, enfocado en el cumplimiento de órdenes y en la priorización de la seguridad nacional, no en el respeto a los derechos humanos, ha generado un ambiente propicio para abusos en el uso de la fuerza.
Esta reforma debería sumirnos en una acedia colectiva. Se reafirma una verdad que asusta: el gobierno federal y las fuerzas policiales no tienen la capacidad de establecer orden y garantizar paz; lo que es peor, ya ni siquiera lo intentarán. La Sedena ha levantado la mano para radicalizar la estrategia de seguridad pública y actuar con mayor libertad a través de la Guardia Nacional. Ellos controlarán la seguridad interior; el problema es que, en tres sexenios, no han logrado nada. Morena y sus aliados no están cambiando de estrategia, la están consolidando. Lo que temo es que lo hacen porque el problema es tan grande y grave que nadie conoce otra forma de atenuarlo. ¡Se han rendido! Han decidido trasladar sus funciones al ejército. El gobierno federal considera la crisis de seguridad como una bestia indomable que devora todo. Para quitarse esta carga de encima, han decidido dejar que los militares, con completa libertad, la intenten adiestrar.
