Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando, en su mensaje de pésame, calificó a José Agustín Ortiz Pinchetti como “un auténtico demócrata”.
En 1967, cuando tenía 30 años, el abogado apoyó a Carlos Madrazo en su fallido intento por promover la democratización del PRI. En 1986, se solidarizó con el PAN en su lucha contra el llamado “fraude patriótico”, orquestado por Manuel Bartlett desde la Secretaría de Gobernación, y que impidió que Francisco Barrio llegara a la gubernatura de Chihuahua con el voto de la ciudadanía.
En 1988, apoyó la lucha del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en contra del fraude que dio paso al sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
En 1994, aceptó la invitación de Jorge Carpizo para formar parte del primer consejo ciudadano del Instituto Federal Electoral, con el que el entonces secretario de Gobernación buscaba darle credibilidad a las elecciones y gobernabilidad democrática a un país convulsionado por la aparición de la guerrilla zapatista y el asesinato de Luis Donado Colosio.
Se solidarizó con los movimientos que en los años 90 denunciaron los fraudes electorales y pugnaban por una auténtica democracia electoral, como el éxodo por la democracia que encabezó Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco a la Ciudad de México.
Fue impulsor de la democratización del Distrito Federal y de la reforma política que en 1996 le dio plena autonomía al IFE y que, en 1997, permitió la elección del primer jefe de gobierno del DF (Cuauhtémoc Cárdenas) y la primera Legislatura en la que el PRI no tenía mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Apoyó la campaña de López Obrador para conquistar la Jefatura de Gobierno en el año 2000, se convirtió en su primer secretario de Gobierno, y fue diputado en la 59 Legislatura (2003-2006).
En 2006, protestó junto con López Obrador en contra de los resultados de la elección con la que Vicente Fox le heredó la Presidencia a Felipe Calderón y, después, lo acompañó en su “gobierno legítimo” y en su campaña presidencial de 2012.
En 2014, participó en la fundación del partido Morena y fue electo secretario para el Fortalecimiento de Ideas y Valores de su Consejo Nacional. Obviamente, apoyó la campaña de 2018 y, ya en el gobierno, López Obrador lo propuso para ocupar la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que ocupó hasta su muerte, ocurrida el pasado sábado.
En efecto, Ortiz Pinchetti fue un demócrata que, en 2019, criticó la primera iniciativa con la que un grupo de diputados federales de Morena pretendía trastocar el sistema electoral.
En ese mismo año, por iniciativa de López Obrador, el fraude electoral se convirtió en un delito grave, como parte de las reformas a la Constitución que el presidente promovió ante el Congreso. Junto con el robo de combustibles, el uso de recursos públicos para la compra y coacción del voto se convirtió en un delito que ameritaría prisión preventiva oficiosa.
Todo parecía indicar que, con esa ley y ese fiscal, México al fin terminaría para siempre con la lamentable tradición de las elecciones de Estado. Pero eso no ocurrió.
La Fiscalía de Delitos Electorales (FISEL) obsoleta
Durante el sexenio de López Obrador, la trayectoria de Ortiz Pinchetti se desdibujó en un despacho que, conforme pasaron los años, se fue volviendo obsoleto y prácticamente invisible.
En un país con un sistema electoral imperfecto, aunque confiable, los delitos electorales siguen ocurriendo, quizás ya no como en el pasado, con compra descarada del voto y toda la gama de prácticas de la picaresca electoral mexicana, como los padrones rasurados, el ratón loco, las urnas embarazadas, el carrusel y los muertos que votan.
Eso ya no existe y, de hecho, son prácticas que parecerían un juego de niños frente a fenómenos graves como la interferencia del crimen organizado en la selección de candidaturas, en las precampañas y en las campañas; el amedrentamiento, la cooptación o la eliminación de aspirantes que no convienen a intereses de grupo delictivos, así como el financiamiento irregular de carreras políticas para el posterior control de municipios, diputaciones locales, e incluso gubernaturas y cargos federales.
Esto, por no hablar de la intervención del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales en las elecciones, y el uso de los programas sociales para apuntalar el proyecto político de la “cuarta transformación”.
En un país en el que todo eso ocurre, la Fiscalía de Ortiz Pinchetti fue un ente invisible que no abrió una sola carpeta de investigación en las dos citas electorales enormes que ocurrieron mientras López Obrador fue presidente: la de 2021 y la de 2024.
En los hechos, la Fiscalía de Delitos Electorales, considerada como la “tercera pata” del sistema electoral -junto con el INE y el Tribunal Electoral- se convirtió en una fiscalía obsoleta.
De acuerdo con una investigación del reportero Alfredo Maza, publicada en Animal Político, en los últimos años la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales abrió más de 4 mil investigaciones, pero llevó ante un juez sólo 77 de ellas.
La FISEL sufrió recortes presupuestales y de personal (actualmente laboran ahí 66 personas), y su titular dejó de ser una voz influyente en el “proceso electoral más grande de la historia”.
La IV República
Ortiz Pinchetti nos ilustraba cada semana en su columna “Despertar en la IV República”, que publicaba en el periódico La Jornada. Sin duda, valía la pena leer esos textos y reflexionarlos, pues contrastaban con la ausencia de su voz en el debate público sobre temas que atañían al sistema electoral: la propuesta de reforma constitucional que promovió AMLO en 2022; el plan B que desmantelaba al INE y fue anulado por la Suprema Corte de Justicia, y la nueva propuesta del presidente, contenida en el llamado “plan C”, que, entre otras cosas, propone eliminar la Representación Proporcional.
Difícil saber si Ortiz Pinchetti aprovechaba su cercanía al presidente -y el respeto que él decía tenerle- para hablarle de democracia, de división de Poderes y de la importancia de preservar el sistema electoral que su generación -la de Ortiz Pinchetti- contribuyó a crear y consolidar para hacer posible la caída del régimen de partido hegemónico y la transición a la pluralidad y la alternancia.
En efecto, como lo llamó AMLO, acaba de partir un auténtico demócrata. Y una buena manera que tendrían el presidente, Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, para honrar su memoria, sería no dar pasos en reversa que nos alejen del régimen democrático que Ortiz Pinchetti anheló y contribuyó a construir.
