Por Javier Lugo Sau
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, la cifra negra del delito (aquellos que no se denuncian o no son investigados por la autoridad) era del 90.7% en Sonora y 89.9% en Hermosillo. Lo anterior equivale a decir que solo 1 de cada 10 presuntos delitos cometidos durante 2023 fue denunciado e investigado por parte de la autoridad.
Ahora bien, ese 10% de delitos que fueron denunciados e investigados ingresaron al laberinto de la procuración e impartición de justicia donde, en primera instancia, el Ministerio Público debió realizar las investigaciones correspondientes para determinar si quien denunció realmente fue víctima de algún delito para luego identificar al o los responsables de haber cometido dicho delito. Posteriormente, debió acreditar plenamente la responsabilidad de ellos para poder presentarlos como imputados ante un juez. En esta etapa, la de impartición de justicia, es cuando se determina la culpabilidad o inocencia de los imputados. En caso de ser encontrados culpables, y de ser sentenciados a la privación de la libertad, entonces deberán de ingresar a un centro penitenciario para purgar su condena.
Además, la ley contempla la prisión preventiva para ciertos delitos, donde el imputado es recluido en un penal en espera de que concluya su juicio y se dicte sentencia. Por lo tanto, en un centro penitenciario hay personas en espera de que se resuelva su situación jurídica y otros que ya están purgando su condena.
Lo anterior describe, de manera sumamente sencilla y superficial, el Sistema de Justicia de nuestro país. Si pensamos en este Sistema como una cadena, donde cada eslabón representa una fase del proceso, entonces tenemos que el último eslabón son los centros penitenciarios.
¿Y qué sabemos de los centros penitenciarios que hay en Sonora y Hermosillo? Por un lado, tenemos que en nuestro estado hay 13 penitenciarias que dependen del Gobierno del Estado y un CEFERESO que es del Gobierno Federal. A noviembre de 2023 la población penitenciaria en Sonora era de casi 13 mil personas: 10,899 en el sistema estatal y 2,011 en el penal federal. Considerando únicamente a los casi 11,000 presos del sistema estatal, tenemos que Sonora era la quinta entidad del país con la mayor población penitenciaria.
Según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Gobernación, a noviembre de 2023, el sistema estatal penitenciario contaba con 7,988 espacios para albergar a la población penitenciaria. Pero, como ya se señaló, había 10,899 personas privadas de la libertad, lo que representa una sobrepoblación de 36.4%, siendo la segunda entidad con la mayor sobrepoblación.
Las dos penitenciarias con mayor sobrepoblación en Sonora eran el Centro de Readaptación Social (CRS) Hermosillo, que albergaba el doble de su capacidad: de tener 2,393 espacios, contaba con 4,839 personas recluidas. En segundo término, teníamos al CRS Ciudad Obregón que tenía 1,633 personas recluidas cuando contaba con 910 espacios.
Para conocer algunas de las condiciones en que se encontraban las personas recluidas, echemos un vistazo al último Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales que proporciona información de 2022. Según este Censo, del total de personas en prisión tenemos que 93% eran hombres y 7% mujeres. Además, la cuarta parte de todos ellos se encontraban en prisión preventiva, es decir, estaban a la espera de que se les dictara sentencia. Con respecto a la educación, el Censo indica que la mitad de todos ellos tenía rezago educativo: 3% sin ningún nivel educativo, 15% preescolar o primaria y 31% preparatoria.
Con respecto a las condiciones en que se encuentran estas personas, el Censo indica que de los 13 centros que hay en Sonora, en tres se disponía de agua dos veces al día (Guaymas, Nogales Femenil y Nogales Varonil) mientras que en dos se disponía de agua tres veces al día (Hermosillo II y Puerto Peñasco). El resto tenía agua en todo momento. En cuanto a la alimentación, todos los centros declararon dar alimentos tres veces al día. Para la oferta de servicios educativos, los 13 centros ofrecían programas a distancia y abiertos, mientras que seis contaban con clases presenciales.
Lamentablemente la información aquí presentada, tanto de la Secretaría de Gobernación como del INEGI resulta ser insuficiente para conocer más a detalle la situación que guarda la población que se encuentra recluida en los centros penitenciarios. Por ejemplo, sería interesante conocer los grupos de edad, el tiempo que llevan recluidos, el tiempo que llevan esperando sentencia, qué actividades realizan o cuántos se encuentran cursando algún nivel educativo. Cabe señalar que hasta 2020 el INEGI realizaba el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales el cual presentaba la información mencionada.
Privar de la libertad a una persona que ha cometido un delito no solo debería de tener el propósito de castigarlo, sino que debería de procurarse que esa persona realmente pueda reinsertarse a la sociedad una vez que cumpla su condena. Por lo tanto, es pertinente conocer más a detalle cómo se encuentran los centros penitenciarios y cómo viven…o sobreviven…quienes se encuentran recluidos.
AUTOR: Javier A. Lugo Sau
SEMBLANZA: Economista y Maestro en Ciencias Sociales, especializado en Teoría y Análisis de Asuntos Públicos. Analista en temas electorales, seguridad y justicia. Integrante de la Mesa de Seguridad de HCV.
