México retrocedió por cuarto año consecutivo en el índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), publicado por el laboratorio de ideas Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks.
Actualmente nuestro país ocupa el lugar número 12 -entre 15 naciones latinoamericanas- respecto a su capacidad para “detectar, castigar y prevenir la corrupción”, superando solamente a Guatemala, Bolivia y Venezuela.
Guatemala y México fueron los dos únicos países que han disminuido sus puntuaciones cada año desde 2019 (año de la primera publicación), según estos hallazgos.
Uruguay, Costa Rica y Chile fueron los países más “eficaces” de América Latina a la hora de combatir en 2023 la corrupción en la región, según detectó un informe divulgado este martes que, en general, refleja un entorno sometido a “continuas presiones”.
Ese baremo registró un descenso en la puntuación promedio de América Latina por primera vez desde 2020, al caer las puntuaciones en diez de los quince países estudiados, siendo los peor valorados Venezuela, Bolivia y Guatemala.
Leandro Lima, analista del Cono Sur para Control Risks, destacó a la agencia EFE que el declive detectado en la puntuación regional “indica que los esfuerzos anticorrupción continúan enfrentando presiones”.
Según este experto, “esto resalta que ningún país es inmune a experimentar estancamiento o retroceso en la lucha contra la corrupción”.
Examinando 14 variables, como la independencia de las instituciones judiciales, el informe evaluó y clasificó a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción.
La corrupción sigue siendo “un reto” en toda América Latina, ya que el 70 por ciento de los participantes en la encuesta convinieron en que es “una de las principales preocupaciones para la mayoría de las personas en su país”, conforme al texto.
No obstante, otros factores como la delincuencia violenta, la lenta recuperación económica tras la pandemia y la preocupación por el retroceso democrático se han convertido en prioridades más importantes para los gobiernos, los medios y la sociedad, apunta.
Uruguay volvió a ocupar el primer puesto del índice aunque experimentó un retroceso, mientras que Costa Rica y Chile conservaron la segunda y tercera posición pese a experimentar, también, retrocesos moderados.
Panamá fue -en sexto lugar- el país que registró un mayor aumento proporcional en su puntuación, gracias sobre todo a “las mejoras en su capacidad legal“, y, junto con la República Dominicana y Paraguay, mejoró su puntuación general por tercer año consecutivo.
En cambio, Guatemala (decimotercero) y Venezuela (el peor puntuado, en el decimoquinto puesto del ránking) tuvieron cada uno descensos sustanciales en sus puntuaciones generales.
Preguntado por EFE, el director asociado en Control Risks, Theodore Kahn, observó que el resultado de Venezuela “no sorprende”.
Según opinó, “es un reflejo del proceso de deterioro institucional y erosión de la democracia que ha sufrido el país desde hace ya varios años y que ha permitido al partido oficial cooptar o eliminar casi todos los controles y contrapesos institucionales, políticos y sociales que normalmente existen en un sistema democrático”.
Información de EFE
