Columna Agenda Abierta
Durante la madrugada del día de hoy, como ocurrió con la votación del famoso Plan B sobre la reforma electoral, sin previa lectura y sin discusión en comisiones fue votado el dictamen que considera una serie de modificaciones legales sobre la industria minera.
La propuesta presentada para votación contempla un paquete de reformas a la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para la minería y el agua.
Frente a este hecho, es importante subrayar la falta de una explicación que justifique la prisa por aprobar esta modificación antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril, sobre todo si tomamos en cuenta la ausencia de elementos de urgencia o interés nacional que obliguen a semejante aprobación a “mata caballo”.
A diferencia de la urgencia por someter a votación el Plan B, el cual requería de una aprobación pronta y expedita dada la proximidad del inicio del proceso electoral del 2024, la acelerada modificación de normas que afectan a la industria minera lo único que genera es incertidumbre en los inversionistas y confusión o desestabilización en el sector.
Con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, el partido Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron una serie de ordenamientos legales que añaden algunas consideraciones técnicas a la iniciativa presentada por el presidente López Obrador, el pasado 24 de marzo.
Sin embargo, se preservan algunos elementos que, por su discrecionalidad y falta de rigor técnico, generarán incertidumbre y necesariamente deberán de ser motivo de reflexión de análisis en el Senado de la República.
Entre los cambios a la propuesta presidencial, hay que destacar la reconsideración del tema relativo a la disminución de la duración de las concesiones a tan sólo 15 años, de manera que ahora se contemple la viabilidad de abrir las puertas a concesiones de hasta 80 años.
También es rescatable la corrección del error garrafal que implicaba la restricción de las concesiones a la explotación de un solo mineral, de manera que ahora se vuelve a integrar la posibilidad de concesiones que permitan extraer dos o más minerales y sustancias, como es lo correcto de acuerdo a la práctica minera.
Además, otra mejora en el dictamen es la habilitación de la posibilidad para utilizar concesiones mineras en garantía para el financiamiento, situación que había sido cancelada como parte de iniciativa de reforma original.
Por otra parte, entre los aspectos más relevantes del dictamen se encuentra una nueva consideración que involucra la contraprestación del 10% de utilidades para pueblos y comunidades indígenas, así como el planteamiento del tema de las consultas a ese segmento importante de nuestro país.
Asimismo, dentro de la nueva modificación legal se incluyen medidas de prevención, mitigación y compensación social, que establecen la obligación para los titulares de concesiones de presentar una carta de crédito para atender las medidas que deriven del dictamen de impacto social.
Con respecto a este último punto, será importante que se establezcan criterios y mecanismos objetivos que otorguen transparencia a la aplicación de este ordenamiento. Además, de igual forma será necesaria la revisión de lo establecido en el Fondo Minero, ya que este nuevo ordenamiento dejaría, de acuerdo a la exposición de motivos correspondiente, sin materia y objetivo a las regulaciones aprobadas en el 2013.
Un elemento particularmente regresivo de la propuesta apobada se remite a lo referente a las áreas naturales protegidas, sobre todo si tomamos en cuenta que ya existen regulaciones a nivel internacional que permiten una convivencia saludable y sustentable entre las actividades extractivas y el medio ambiente.
Sin duda, como todas las actividades productivas, se requiere una revisión constante de la regulación que permita mejorar las condiciones de sostenibilidad, sustentabilidad y crecimiento.
Ante todo, hay que señalar que más allá de lo contemplado en la propuesta, la aprobación en Fast Track de una regulación que requería de la abierta participación de todos los sectores involucrados: industria, investigadores, proveedores y población, lo único que genera es incertidumbre e inestabilidad.
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
