Por considerar que la violencia contra los menores debe ser castigada con todo el peso de la Ley, el Pleno del Congreso del Estado aprobó equiparar la pena mínima por el delito de homicidio infantil con la de feminicidio, que es de 45 años, y multa de tres mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización.
Mediante Decreto que reforma el Artículo 263 TER del Código Penal del Estado de Sonora, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentó en la sesión ordinaria el dictamen que se elaboró con base en una iniciativa presentada el 31 de octubre de 2022 por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, cuyos integrantes plantearon la necesidad de incrementar la penalidad ante los altos índices que se registran de ese delito en la entidad.
Actualmente el delito de homicidio infantil se castiga con penalidad de prisión que va de 30 a 70 años y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización, por lo que, una vez entre en vigor este Decreto, la penalidad será de 45 a 70 años.
La diputada Sagrario Montaño Palomares dio lectura al dictamen, en el que hace referencia a que, el pasado 22 de septiembre, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora y de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el cual tuvo su origen en una iniciativa presentada por el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza.
Agrega que, en dicha sesión, la asamblea aprobó incrementar la pena mínima de 30 a 40 años de prisión a quien cometa el delito de homicidio infantil, motivo por el cual la dictaminadora retomó estos argumentos y consideró procedente un nuevo incremento a la pena mínima de prisión, para que se eleve a 45 años y se pueda emparejar con la mínima que actualmente tiene el delito de feminicidio en la entidad.
En el Estado de Sonora, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública, de 2018 a 2021 se recibieron mil 621 reportes por incidentes relacionados con menores de edad, lo que indica que, al día, más de 17 niños o niñas son víctima de algún tipo de violencia en Sonora, por lo que al mes se reciben alrededor de 525 denuncias aproximadamente.
En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó el Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora y de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, con el objeto de promover y garantizar la salud mental de todas las personas en territorio sonorense.
Sin embargo, es importante precisar que, en conjunto, se atiende el principio del interés superior del menor consagrado en el noveno párrafo del Artículo 4° de la Constitución Federal, es decir, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, establece uno de los considerandos del dictamen.
La Comisión de Salud estudió las iniciativas presentadas por el diputado Óscar Eduardo Castro Castro, el 30 de noviembre de 2021; por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 24 de noviembre de 2022; y por la diputada Alma Manuela Higuera Esquer, el 17 de noviembre de 2022.
El diputado Castro Castro propuso establecer un módulo de salud mental por cada 50 mil habitantes en cada región del Estado de Sonora, que cubra programas de prevención y atención adecuada en la materia.
La diputada Higuera Esquer propuso que, en los niveles de educación inicial y primaria se ejecuten acciones por medio de la Secretaría de Educación, para detectar algún caso de trastorno mental en las y los niños, y se remita el caso para su adecuada atención al Instituto Estatal de Salud Mental y Adicciones del Estado de Sonora.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propuso que la Secretaría de Educación y Cultura cuente con personal capacitado en los centros escolares de educación básica, en materia de primeros auxilios psicológicos, generación adecuada en la materia y resaltar la importancia de la salud mental en los planes de estudio correspondientes, obligación que se traslada a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora.
Turnan iniciativas a comisiones
En el desarrollo de la sesión ordinaria, la Presidencia turnó a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad del Estado de Sonora, con el objeto de crear la procuraduría de la defensa de las personas con discapacidad en el Estado de Sonora.
La diputada Karina Teresita Zárate Félix expuso que actualmente en la entidad se atiende a las personas con discapacidad en el DIF estatal, en cuya estructura orgánica se identifican siete direcciones, siendo una de ellas para la atención de personas con discapacidad, cuya función principal es la operación de programas asistenciales y no para brindar protección, asesoría o seguimiento a denuncias de personas en dicha condición que así lo requieran.
Agregó que la procuraduría de la defensa de las personas con discapacidad sería un órgano administrativo desconcentrado jerárquicamente, subordinado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para lo cual se definiría su estructura, forma de organización, se le asignarían atribuciones y se establecería en la legislación un capítulo XXI denominado: De la denuncia popular.
Esta iniciativa recibió comentarios positivos por parte de la diputada Alma Manuela Higuera Esquer, así como de los diputados Iram Leobardo Solís García, Fermín Trujillo Fuentes y Próspero Valenzuela Múñer.
Enseguida correspondió a la diputada Alejandra López Noriega, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, dar lectura a una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sonora, a efecto de crear un nuevo capítulo que defina la violencia en el noviazgo.
Indicó que esta consiste en cualquier acto abusivo que tiene como fin dominar, someter, controlar o agredir, de manera física, verbal, psicológica o sexual a las mujeres y donde el agresor sostiene con la víctima una relación de noviazgo, por lo cual buscan establecer mecanismos de monitoreo y capacitación en los centros educativos privados y públicos, a través de acuerdos y convenios con las autoridades e instituciones que integran el Sistema Educativo Nacional y Estatal, enfocado en la violencia en el noviazgo.
Además de la creación de protocolos y procedimientos que promuevan la denuncia de hechos derivados de la violencia durante el noviazgo, así como ampliar el concepto de feminicidio, agregándole conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo la vida de las mujeres o culminan en muertes violentas.
La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión para la Igualdad de Género. El Pleno sesionará este jueves 23 de marzo, a las 10:00 horas.
