Columna Y sin embargo
El Congreso del Estado de Sonora aprobó una reforma constitucional que establece que las elecciones para gobernador de Sonora serán concurrentes con las de presidente de la República. Para lograr esto, se dispone que el período de gobierno del siguiente gobernador del estado será de solo tres años. De este modo, a partir de 2030 las elecciones de gobernador de Sonora y de Presidente de la República serán concurrentes. Esto quedó publicado en el Boletín Oficial del 2 de marzo de 2023.
La concurrencia concentra más poder en el Presidente
Hace muchos años, en los tiempos del presidencialismo imperial mexicano de la época de José López Portillo, aprendí, en un libro titulado La Adminstración Estatal en México de Carlos F. Almada, que uno de los pocos límites y contrapesos que entonces existía al poder presidencial, además de la no reelección, era precisamente el calendario de renovación de los poderes estatales.
Sin soslayar el hecho de que, en esos años, todos los gobernadores eran impuestos por el presidente de la República en turno, resulta que, debido a la renovación paulatina de los poderes estatales, el presidente entrante “heredaba” la mayoría de los gobernadores designados por el presidente anterior y no podía designar a sus gobernadores sino conforme lo iba marcando el calendario de renovación de los poderes estatales.
A manera de ejemplo, C. F. Almada mencionaba que durante el primer año de mandato del presidente Ruiz Cortines, había 22 gobernadores que habían sido designados por su antecesor y 7 gobernadores designados por el nuevo presidente. A lo largo del sexenio la proporción iba variando hasta que en el último año había 28 gobernadores designados por Ruiz Cortines y uno solo nombrado por Miguel Alemán quien sería el siguiente presidente.
Este calendario de renovación paulatina de poderes le daba cierta estabilidad al sistema político y evitaba que se dieran más bandazos y cambios radicales con el cambio de presidente.
La concurrencia diluye la autonomía estatal y el federalismo
Cuando las elecciones y los gobernadores eran decididos por el PRI y por el Presidente en turno, es decir hasta la década de 1990, en Sonora, siempre se observaba que cada gobernador tenía tres años para gobernar con el presidente que lo había “palomeado” y que le era afín y tres años tenía que batallar y ser cauteloso con el siguiente presidente y que podía serle adverso. Esto no fue obstáculo para que la mayoría de los gobernadores del régimen autoritario salieran avante con sus gobiernos. Aunque no estaban exentos de que, al caer de la gracia presidencial fueran removidos por el mismo presidente, como le sucedió a Biébrich y a muchos otros gobernadores de otros estados.
Se supone que esto desapareció con el advenimiento de las elecciones relativamente libres y la transición democrática de los noventa. A partir de que en 1989 el Presidente Salinas toleró el triunfo de Ernesto Ruffo en Baja California, al menos los gobernadores de oposición ya no eran designados por el presidente en turno. Se avanzó a un mayor pluralismo político y se redujo el presidencialismo y la concentración de poder.
Por lo anterior, suenan huecos los argumentos de que esta reforma se hace para ahorrar recursos y porque los electores participan más en las elecciones presidenciales. Lo que efectivamente hace esta reforma es ponerle en bandeja de plata a cada candidato presidencial “oficial” que decida quién deberá de ser el candidato en Sonora. Con ello vamos para atrás no solo a los tiempos del PRI, sino a un poder presidencial aún más reconcentrado.
Todo esto va contra la tendencia de la historia política moderna que enseña que la concentración del poder en un solo hombre o mujer nunca ha sido benéfico para los pueblos ni ha representado un avance político. Al contrario, esta concentración termina siendo opresiva para las libertades civiles y termina dañando incluso económicamente a los pueblos que quiere beneficiar. Vamos para atrás.
Nicolás Pineda
