Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– El Gobierno de México lamentó la decisión del Gobierno de Perú de retirar a su Embajador de México y reducir el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países al de Encargado de Negocios.
A través de un breve posicionamiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Gobierno de México “mantendrá su nivel de representación diplomática y consular para promover los vínculos entre nuestros pueblos y brindar atención a la comunidad mexicana en Perú”.
También reiteró su convicción de mantener abiertos los canales de comunicación diplomáticos en beneficio de ambas sociedades.
“México hace votos para que pronto se alcance un acuerdo democrático a las desavenencias que prevalecen en este hermano país latinoamericano”, finalizó.
La Presidenta peruana Dina Boluarte anunció el viernes la retirada definitiva de su Embajador en México como respuesta a las críticas del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, a quien reprocha por “afectar gravemente” las relaciones de respeto mutuo para “privilegiar afinidades ideológicas”.
En su tradicional rueda de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo en referencia a Boluarte que había visto encuestas “donde la presidenta espuria tiene el 15 por ciento de aceptación y el 85 por ciento la desaprueba”. También comentó que los miembros del Parlamento peruano tienen aún menos aprobación. “Tienen el 90 por ciento del rechazo y aun así ellos mandan con las bayonetas y con la represión, la fuerza”, declaró López Obrador.
Boluarte reaccionó por la noche y rechazó “las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que, de manera reiterada, formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno”.
Con la retirada del embajador, las relaciones diplomáticas entre Perú y México “quedan formalmente a nivel de encargado de negocios”, comentó la mandataria en un pronunciamiento en el palacio presidencial de Lima.
Dina Boluarte inició su gestión el 7 de diciembre luego de que el entonces mandatario Pedro Castillo fuera destituido por el Parlamento y encarcelado después de intentar disolver el Congreso para evitar una votación sobre su remoción del cargo.
Desde entonces sobrevinieron casi tres meses de protestas que han dejado 60 muertos, 48 de ellos por choque directos con la policía y un policía quemado en un patrullero.
