Columna Contra las Cuerdas
Un acuerdo o decreto presidencial no puede ir contra lo que establece la Constitución y eso ya lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del presidente López Obrador, cuando intentó blindar las obras de la 4T para evitar las licitaciones públicas, es decir, la mayoría de los ministros no permitieron que ocultara la información bajo la excusa de tratarse de “seguridad nacional”.
El anuncio de López Obrador, de sacar un nuevo decreto para que la Guardia Nacional dependa del Ejército, provocó un nuevo choque en el Poder Legislativo y un nuevo regalo del Presidente a las Fuerzas Armadas, luego de que en lo que va del sexenio se le han concedido más de 30 facultades a la milicia, desde el manejo de los Duti Fri y la administración de aeropuertos, puertos marítimos, obras públicas, combate al huachicol y múltiples funciones que perdieron después de la Guerra Sucia o que nunca tuvieron y ahora han ganado sin contrapesos de revisión.
El 24 de diciembre de 2016, el periodista y productor Epigmenio Ibarra tuiteó: ¿México bajo la bota militar? ¿Permitiremos al Congreso legalice golpe de Estado? ¿Toleraremos este retroceso? En un segundo tuit agregó: Impedir que México caiga bajo la bota militar, regresar el ejército a los cuarteles es un deber, la tarea más urgente. El propio Epigmenio hoy se contradice y defiende cada acción del mandatario, aunque contradiga sus pensamientos, en tiempos que estuvo activo como opositor y es la muestra de la representación del movimiento.
Consulté al abogado constitucionalista Francisco Burgoa sobre el anuncio de decreto del presidente: “El artículo 21 constitucional es clarísimo: la Guardia Nacional tiene el carácter civil y trasladarla a la Sedena implicaría que deje ese carácter para convertirse en militar. Sería ilógico que la Sedena tenga un órgano civil bajo un mando militar. Si se quiere incorporar la GN a la Sedena , entonces, tendría que existir una reforma constitucional. ¿Se podrá impugnar? Los particulares podrán impugnar el acuerdo o decreto mediante demandas de amparo indirecto ante un Juez de Distrito y eso implica la posibilidad de que el asunto llegue hasta la SCJN.
Dice Burgoa que al existir una invasión a la esfera de la competencia del Poder Legislativo Federal, los presidentes de ambas mesa directivas de la Cámara baja y del Senado podrían presentar demandas de controversias constitucionales, sin embargo, se ve difícil que eso ocurra, dado que los presidentes son de Morena.
Con esta decisión se deja de manifiesto que no se quiere respetar el principio de división de poderes, ni la Constitución, ni las leyes que de ella emanan que juró cumplir y hacerlas cumplir. Es desafortunado que haga realidad su dicho de hace unas semanas: “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
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Uppercut: Mariela Gutiérrez, ex aspirante de Morena al gobierno del Edomex, es de las primeras aliadas de la aún secretaria de Educación Pública que empezó los acercamientos para apoyarla a formar la coordinación de Defensa de la 4T en la entidad.
