Por Andrea Vega
El secretario del Consejo de Salubridad General (CSG), José Ignacio Santos Preciado, presentó su renuncia al cargo este 6 de julio por “discrepancias de impacto nacional con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en relación con la Política Nacional Farmacéutica”, es decir, con el acceso y la disponibilidad de medicamentos para la población, confirmó a Animal Político una fuente cercana al tema.
En México, aún no existe esta política nacional. En mayo pasado, se anunció que el CSG trabajaría en su elaboración, en su carácter de autoridad sanitaria, y que la diseñaría en colaboración con el gobierno federal, la academia y el sector privado.
Esta política está pensada para garantizar el acceso en el sistema nacional de salud a medicamentos seguros, eficientes, de calidad y costo-efectivos. Sin embargo, las discrepancias con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien preside el consejo, dejan fuera del proceso a Santos Preciado y a su equipo cercano, cuyos integrantes también presentaron hoy su renuncia.
Además del secretario general del CSG, también renunciaron Jorge Alberto Gómez Rodríguez, secretario técnico, y César Alberto Cruz, encargado de Evaluación Científica y Técnica.
El próximo 13 de julio se votará en sesión ordinaria esta nueva política, pero Santos Preciado, Gómez Rodríguez y Cruz se enteraron de que no están invitados al encuentro. Por ello, presentaron su renuncia, que aún no les acepta el secretario de Salud.
Durante toda esta administración federal, la Secretaría de Salud ha dejado fuera de decisiones y trabajos importantes al Consejo de Salubridad General, como cuando inició la emergencia sanitaria por covid-19 y no fue este órgano el que se reunió para decidir la estrategia a seguir, como debería haber sucedido.
Desde entonces, las autoridades de Salud han reducido las tareas e importancia del Consejo. Ahora, las renuncias evidencian discrepancias en un campo fundamental como la disponibilidad de los medicamentos y el acceso de estos para la población.
Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que a partir del 1 de diciembre de 2020 todos los servicios de salud y medicamentos serían gratuitos para la ciudadanía, una promesa que no se ha cumplido, pues las personas sin seguridad social siguen teniendo que pagar por servicios y fármacos.
El desabasto de medicamentos por las fallas en la política de compras implementada desde la administración federal, que se ha encarecido y pulverizado, lo mismo que la distribución, también ha provocado que las personas con seguridad social padezcan por la falta de medicamentos.
