El Congreso de Estados Unidos criticó la estrategia de combate a los cárteles de la droga del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por sus escasos resultados a tres años de haber asumido la Presidencia.
En su reporte titulado México: Crimen Organizado y Organizaciones del Tráfico de Drogas, el Congreso reconoció que, en lugar de emprender una guerra en contra de estos grupos criminales, el presidente se enfocaría en cambiar las condiciones sociales que permiten que los grupos criminales prosperen, una estrategia que resumió como “abrazos, no balazos”.
“Después de tres años en el cargo, López Obrador ha evitado acciones policiales a gran escala contra los cárteles y la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de aplicación de la ley ha disminuido”, denuncia el reporte.
En su lugar, el mandatario mexicano parece basarse en una política de utilizar el Ejército y la Guardia Nacional para abordar los temas relacionados con los narcóticos y las organizaciones del tráfico de drogas, señala el documento.
También señala que, aunque López Obrador hizo campaña prometiendo abordar los altos niveles de impunidad criminal y la corrupción oficial, a más de la mitad de su sexenio, “podría decirse que ha logrado pocos de sus objetivos anticorrupción y de justicia penal”.
“Muchos en el Congreso siguen preocupados por la violencia relacionada con las organizaciones del tráfico de drogas en México y su impacto en la seguridad fronteriza. Algunos miembros han estado evaluando los montos y la eficacia de la asistencia antinarcóticos y de seguridad que brinda Estados Unidos a México”, recalca el reporte.
Los congresistas también externaron su preocupación por cómo la violencia relacionada con estos grupos criminales ha “puesto en peligro algunos sectores económicos lícitos, ha afectado negativamente el comercio entre Estados Unidos y México, y ha contribuido al desplazamiento interno y la emigración de ciudadanos mexicanos”.
El reporte destaca cómo durante los últimos 12 años los cárteles de la droga han evolucionado hasta convertirse en organizaciones dedicadas a la extorsión, el tráfico de personas, el tráfico de armas y el robo de petróleo, entre otros delitos.
“Las operaciones del gobierno para eliminar el liderazgo de los cárteles aumentaron la inestabilidad entre los grupos y provocaron una mayor violencia”, sostiene.
Como consecuencia, las organizaciones más grandes y estables de México se fragmentaron, creando grupos más pequeños, pero no menos peligrosos.
Actualmente, la violencia relacionada con estos grupos criminales ha estallado en los estados del Pacífico de Michoacán y Guerrero; en los centrales estados de Guanajuato, Zacatecas, Morelos y Colima; y en los estados fronterizos del norte de Tamaulipas, Chihuahua y Baja California, donde se encuentran las ciudades fronterizas más grandes de México.
El Congreso aseguró que, aunque el objetivo que motivó la creación de la Guardia Nacional era combatir el crimen, en 2019, se le asignó principalmente la aplicación de la ley migratoria, “en respuesta a las demandas de la Administración Trump para que México detuviera la migración irregular”.
Ante la gravedad de esta situación, el Congreso propone desempeñar un papel más activo en la supervisión del financiamiento y la efectividad del tratado en materia de seguridad acordado entre los gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, conocido como el Marco Bicentenario México-Estados Unidos.
