La conciliación del trabajo, la familia y el hogar, ha sido un tema controversial en el discurso público en las últimas décadas, un tema que solo se ha centrado en el deber ser de las mujeres.
“Salir de casa”, nunca ha sido una acción igualitaria para mujeres y hombres, y esto lo podemos comprender con mayor medida, cuando al analizar cifras, con un enfoque de género, en derechos humanos y nos discriminación, nos percatamos, que el acceso de oportunidades para trabajar, ganar recursos y tener un tiempo completo para dedicarlo a una carrera laboral, limita significativamente y en gran número a las mujeres, por una obligación que culturalmente se ha asignado dentro de los hogares.
Lo cierto, es que las brechas de desigualdad laboral y salarial, condicionan la libertad económica de las mujeres, y en consecuencia, perpetúan las violencias por razón de género.
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI), casi 8.6 millones de mujeres en México forman parte de la brecha laboral. Esto es, mujeres que presentan obstáculos sustanciales para acceder al campo laboral, la gran mayoría de estos, producto de creencias conformadas por estereotipos y roles de género que conllevan a una obligación de asumir la responsabilidad de las dobles jornadas por cuidado de hijos e hijos, personas enfermas o con alguna discapacidad y/o personas adultas mayores), limpieza del hogar, entre otros.
Pero las desigualdades para el acceso a un trabajo de tiempo completo que viven las mujeres en el país, no se limita a las prácticas en el entorno privado, si no a desigualdades estructurales que conlleva a gobernanzas con base en inercias, sin ejecutar políticas desde enfoques diferenciados y con mirada de género. En ello, las mujeres siguen enfrentado solas, la falta de acceso a la salud reproductiva y sexual, su derecho a decidir sobre ser madres o no, el número de hijas e hijos. Además, se enfrentan a la desconfianza y falta de oportunidades dentro de organizaciones, instituciones y empresas, por el tiempo que implica la maternidad, los padecimientos propios del sexo, entre otros.
La falta de experiencia, de profesionalización, y las creencias sobre la falta de capacidad de las mujeres en diversos temas, sobre todo los asignados a hombres como las ciencias, las finanzas, construcción, minería, entre otros, también ha sido analizado constantemente por organismos internacionales, como el Foro Económico Mundial.
¿Cómo lograr un empoderamiento económico y profesional de las mujeres cuando socialmente se les sigue exigiendo la responsabilidad de la casa? ¿Cómo equiparar las condiciones para acceder a un empleo, si el Estado no provee de garantías que permitan erradicar las desigualdades por razón de género?
En México, la seguridad social se encuentra condicionada al trabajo formal, pero además, solo las mujeres podrían tener acceso a los servicios de cuidados, en caso de contar con un empleo que provea este derecho. Solo 11% de la niñez mexicana tiene acceso a una estancia pública.
Los derechos a una maternidad en nuestro país, se limita a 29 de cada 100 mujeres, quienes, de acuerdo a INEGI, cuentan con servicios médicos subrogados, derecho a licencias de maternidad y servicios de estancias infantiles para sus hijas e hijos.
Solo hace falta asomarnos al núcleo familiar, revisar el árbol genealógico y considerar, que las abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, jamás tuvieron la oportunidad de decidir cuántos hijos tener, qué hacer con sus “tiempos libres”, incluso, podríamos darnos cuenta que la inercia de sus vidas, en mucho se derivó al trabajo del hogar, y al cuidados de sus hijos, dentro de familias que abarcaban decenas de embarazos.
Las dinámicas familiares y laborales han cambiado en el tiempo. Hoy en día, el 33% de mujeres madres en México son madres solteras, lo que representa de tajo la responsabilidad del sustento económico y su vez el cuidado de sus familias. INEGI analiza esto con base en datos de s subocupación, que refleja conciliar la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que lo hacen las personas.
Es importante revisar con énfasis las legislaciones y políticas de Estado. Siguen pendientes muchas medidas que den cara a las necesidades diferenciadas que enfrentan mujeres y hombres, y promuevan la garantía para acceder a mejores condiciones de vida, y a mejores empleos.
