Columna Agenda Abierta
Hace unos días, el INEGI dio a conocer el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), el cual constituye la información sobre el desempeño de ese segmento de la industria, que proviene de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA).
Hay muchos elementos destacados de este reporte, el primero de ellos, es que en el mes de noviembre se vendieron en México, al público en general, 82 mil 829 unidades, lo que representa una variación de (-)13.5% respecto al mismo mes de 2020.
Otro elemento destacado representa la comercialización de 917 mil 315 unidades, en el período enero-noviembre 2021, cifra muy rezagada con respecto de 2019, cuando se vendieron cerca de 1.3 millones de vehículos nuevos en el mercado interno.
Es decir, la pandemia y otros factores afectaron el nivel de venta de los vehículos nuevos durante 2020 y 2021, pero de manera muy especial, esta contracción ha influido en los niveles de producción.
Hay que recordar que en 2020, la industria automotriz contribuyó con alrededor de 2,6% del PIB en México, lo cual representó una ligera caída de 0.4 puntos porcentuales en comparación con 2019, cuando la participación del sector automovilístico en el PIB nacional alcanzó el 3,04%.
Debemos apuntar que la producción manufacturera automotriz, es un motor importante para la generación de crecimiento económico y empleos en nuestro país.
Es por ello, que ante el Reporte publicado por INEGI, cobra relevancia revisar algunos puntos que han mostrado contribuir a la fragilidad de esta industria, como es que la venta de vehículos nuevos en enero fue de 78 mil 585, lo que significó una caída anual de casi 4%. Además de ser el peor mes de enero, desde 2012, cuando se comercializaron 75 mil 297 vehículos.
De acuerdo con analistas especializados, el sector sufre una serie de problemas relacionados con una escalada de precios de los vehículos, escasez de componentes y falta de inventario en las agencias.
La expresión es muy clara: no todos los carros son demandados, pero cuando hay requerimiento de cierto tipo de vehículos, no hay en existencia.
En un escenario difícil, la situación se complica aún más, ya que las tasas de interés van a la alza y esta circunstancia encarece el crédito para los vehículos, lo cual impacta negativamente en las ventas.
Así, los promotores y actores del sector insistían en la importante contribución de la industria automotriz a la economía, argumentando la necesidad de reaccionar con incentivos, so pena de afectar los pronósticos de crecimiento, cuando se determina por el gobierno federal, impulsar un proceso de regularización de autos irregulares.
El gobierno federal ha establecido, que la regularización de los autos ilegales es con el objetivo de contar con un registro de éstos, ya que algunos se utilizan para cometer delitos y, para que los dueños tenga un documento que avale su posesión.
Pero por otra parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), ha señalado que regularizar esos vehículos podría generar inconvenientes serios en la industria automotriz, ya que representa el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de las manufacturas.
La AMDA consideró, que la regularización de los “autos chocolate” desacelera la generación de empleos, vulnera la planta productiva de los más de 960 mil mexicanos que trabajan directamente en el sector automotriz y frena la autorización de créditos automotrices, derivado de las mayores limitantes para la capacidad de endeudamiento de los consumidores
Esta circunstancia, conjuntamente a las comentadas inicialmente, provocaría una caída en la venta de autos de entre el 20 y el 30 por ciento, siendo sin duda un golpe directo al 19.4% del PIB manufacturero.
El decreto para la regularización de vehículos usados, importados ilegalmente en México – aprobado el pasado 19 de enero –, de manera adicional impacta al propio Estado de Derecho, así como a la confianza de inversionistas en el mercado.
Elementos adicionales de la medida han sido vistos como un riesgo a la seguridad de los transeúntes y un impacto negativo al medio ambiente, así como en el bienestar de miles de familias que dependen de la industria automotriz mexicana.
Una acción que pretende regularizar actividades, que en otros países han adoptado la calidad de contrabando, estará limitando el precario pronóstico de crecimiento económico, que hoy se considerada de 2 % en 2022.
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
