Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) tiene dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda de Wallace, una presentada en contra de ella y otras diez personas más en la que se denuncian actos de tortura y la segunda, la más reciente, en la que se le acusa sólo a ella por el delito de falsedad de declaraciones en la modalidad de simulación de pruebas.
Las denuncias fueron presentadas por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial, en noviembre de 2020 y en mayo de 2021, respectivamente, según revelaron fuentes cercanas al caso a SinEmbargo.
La carpeta de investigación más reciente es la FED/CDMX/SE/E/2676/2021, a cargo del Ministerio Público Marcos Salazar Vallejo, la cual fue presentada el pasado 6 de mayo ante la delegación metropolitana de la FGR en la Ciudad de México por el delito de falsedad de testimonio rendido ante una autoridad judicial en la modalidad de simulación de pruebas.
La acusación señala que Isabel Miranda Torres de Wallace simuló rentar un departamento a través de un trabajador de ella para plantar una gota de sangre y una licencia de conducir, elementos que han presentado en contra de los acusados del secuestro y homicidio de su hijo.
A su vez, también la acusan de simular que Carlos León Miranda era José Enrique del Socorro Wallace para que el dictamen en genética coincidiera.
Fuentes consultadas por SinEmbargo indicaron que en un principio la FGR no quiso recibir la denuncia por simulación bajo pretextos “absurdos” como el que el pie de la nota no coincidía con los anexos entre otros, pero finalmente la Defensoría Pública logró interponerla.
Sin embargo, la investigación hasta el momento no ha presentado ningún avance, pues al menos la Defensoría Pública no ha sido notificada de ninguna resolución, avance o diligencias que haya realizado la FGR sobre el caso.
Este jueves, la Defensoría trató de ampliar la carpeta de investigación, pero la ampliación no fue recibida por el personal de la FGR bajo el argumento que ya existía una “abstención de la investigación”. No obstante, la parte ofendida no había sido notificada de la decisión de “no investigar”.
LA PRIMERA DENUNCIA, POR TORTURA
La otra denuncia en contra de Isabel Miranda Torres y autoridades penitenciarias involucradas en los actos de tortura y violaciones de derechos humanos a Brenda Quevedo Cruz, fue presentada ante la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura el 6 de noviembre de 2020 en cumplimiento a la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, quien pidió a las autoridades mexicanas la liberación de Brenda Quevedo Cruz, pues consideró que la detención por el caso Wallace fue arbitraria y contraria a los derechos humanos.
La acusación por los delitos de tortura, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes quedó sentada en la carpeta de investigación FED/FEMDH/UNAI/MEX/000033/2020 a cargo de la Ministerio Público Laura Nayeli Salas Ramírez. La acusación es por los actos de los que fue víctima Brenda Quevedo durante su detención el 26 de noviembre de 2011, así como en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito en el Estado de México el 27 de noviembre de 2009 y en el Centro Penitenciario Islas Marías, Nayarit, el 12 y 13 de octubre de 2010.
El señalamiento en contra Wallace es porque ella habría “confesado” ser autora de la tortura que recibieron los detenidos por el caso, pues la denuncia destaca como un antecedente relevante una nota publicada el 17 de septiembre de 2019 titulada “Pude haber mandado a matar a los asesinos de mi hijo, pero no lo hice” en donde se citan las declaraciones de Miranda Torres en la que ella habría señalado “Yo lo pude haber mandado matar, no nada más golpear”.
Además de Isabel Miranda, se acusa a Braulio Robles Zuñiga, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la entonces SIEDO.; Osvaldo Jiménez Juárez, Fiscal de la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República; Irineo Monroy Dávila, Director del Centro de Reinserción Social “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, así como al encargado de despacho, jefe de seguridad, médicos de ese penal. También a las autoridades penitenciarias del Centro Federal Femenil Rehilete, en las Islas Marías.
EL CASO HUGO ALBERTO WALLACE
El caso del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace comenzó el 11 de julio de 2005 cuando desapareció el hijo de Isabel Miranda, presuntamente privado de su libertad por seis personas, entre las que se encuentra Brenda Quevedo, quien está en espera de una audiencia para resolver su situación jurídica.
Según la versión de Isabel Miranda, presidenta de la fundación Alto al Secuestro, Hugo Alberto fue secuestrado y asesinado por Juana Hilda González, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Tony Castillo Cruz, Alberto Castillo Cruz y Brenda Quevedo, quienes supuestamente pidieron un rescate de 950 mil dólares.
Los nombres y fotografías de los implicados fueron dados a conocer por la señora Isabel Miranda de Wallace en diversos anuncios espectaculares colocados en las principales vialidades de la Ciudad de México y su caso llegó a los medios de comunicación.
Esta estrategia hizo que expresidentes como Vicente Fox y principalmente Felipe Calderón se acercaran a ella y pusieran todo el aparato del Estado para dar con los responsables, quienes uno a uno fueron detenidos y obligados a confesar –bajo tortura– el delito, de acuerdo con sus denuncias.
La única prueba pericial de que Hugo Alberto fue descuartizado en el departamento de Juana Hilda Lomelí es una gota de sangre que se encontró en el lugar; pero esa muestra hemática fue hallada meses después en el departamento de uno de los presuntos plagiarios que no fue inmediatamente asegurado por las autoridades, a pesar de que se investigaba un homicidio.
