Miguel Ángel Rodríguez Frayde tenía 20 años cuando desapareció en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 17 de abril de 2018 salió de su domicilio con dos amigos y nunca se le ha vuelto a ver. La única pista con la que cuenta Martha Frayde Medina, su madre, es una visita que recibió al día siguiente. Dos jóvenes llegaron a su casa y le dijeron que el joven había sido capturado por agentes de la secretaría de Marina (Semar). Desde entonces Frayde sigue buscando, sin éxito.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas 34 carpetas de investigación sobre 47 desapariciones atribuidas al grupo de operaciones especiales de la Marina entre febrero y mayo de 2018. El caso de Rodríguez Frayde no está entre ellos. La institución rechaza hacerse cargo de la investigación y la carpeta sigue en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. El 15 de abril, 30 marinos fueron vinculados a proceso por la desaparición de cuatro personas y permanecerán en prisión mientras avanzan las investigaciones.
Tampoco la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) incluyó la historia del joven en su recomendación 36VG/2020, en la que se señala a la Marina por la desaparición de 27 personas y la posible ejecución extrajudicial de 12 de ellas.
“Para mi hijo no hay búsqueda ni nada. Yo no existo en las investigaciones”, dice Martha Frayde, en entrevista telefónica. El arresto de los 30 marinos le ha dado esperanza. “Ellos tienen que saber qué ocurrió”, afirma.
Animal Político consultó con la FGR, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
La desaparición de Rodríguez Frayde es una historia que se repite con demasiada frecuencia. Su madre trabaja en una fábrica en turno de noche, así que pasa buena parte del día durmiendo. Cuando su hijo salió de la casa con otros dos amigos no se preocupó. Pensó que habría ido a buscar trabajo, ya que recientemente había dejado su empleo como vigilante de seguridad. Nada le hacía pensar que aquella despedida era la última.
En México hay registradas más de 87 mil personas desaparecidas según la Comisión Nacional de Búsqueda. De ellas, más de 11 mil faltan en Tamaulipas, el segundo estado con mayor número de desaparecidos, solo superado por Jalisco, con más de 12 mil.
“Todos los días salía de casa, era un muchacho muy inquieto”, dice Frayde Medina, que no dio importancia a que el joven pasó todo el día fuera de casa ya que le tenía prohibido acudir con amigos al interior del domicilio. Al día siguiente inició la pesadilla.
“Vinieron dos chicos jóvenes en un coche, se les veía asustados. Me dijeron que la Marina lo había capturado en el libramiento México Dos y se marcharon. No he vuelto a saber de ellos”, asegura. En la zona donde presuntamente fue capturado no hay cámaras de video ni tampoco comercios que pudiesen dar testimonio de lo ocurrido.
A partir de entonces empieza para la mujer un largo peregrinar sin respuestas. Primero, a la dirección de Seguridad Pública, donde le dicen que su hijo no está detenido allí. Después a la FGR, cuartel militar y bases de operaciones de la Semar, que todavía estaban en activo en Nuevo Laredo. En todas ellas le dijeron que no sabían nada de su hijo.
“Salía a la calle y tanto muchacho que veía me parecía él”, explica la mujer, que aquel momento no se atrevía a preguntar demasiado por el paradero del joven. Tenia miedo de que llegase alguien y le dijese, como a tantas otras personas, que dejase de buscar porque ya lo habían matado. “Este tipo de contestaciones te acaban moralmente”, afirma.
Fueron meses duros en Nuevo Laredo, un municipio marcado por la violencia del crimen organizado y de las Fuerzas Armadas. En aquel momento se repetían las noticias sobre desapariciones presuntamente perpetradas por los marinos y sobre cuerpos que aparecían semienterrados en zonas deshabitadas.
La familia fue doblemente golpeada. El 28 de abril, apenas 10 días después de la desaparición de Miguel Ángel, fue capturado José Eugenio Hernández Romero, de 14 años, hijo de María Dolores Romero, prima de Martha. Su cuerpo apareció semienterrado en un paraje de Nuevo León.
Tras varios meses asustada, sin atreverse a denunciar su caso, recurrió al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el colectivo que agrupa a buena parte de las familias de los desaparecidos a manos de la Marina.
“Hay un juego perverso entre el Estado y la FGR para no investigar”, denuncia Raymundo Ramos, presidente de la asociación. Explica que la Fiscalía de Tamaulipas envió la carpeta de investigación a la FGR alegando que los acusados eran marinos, pero que esta la rechazó. Incluso, la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) pidió por escrito que el caso saliese del estado, sin éxito. “Hasta ahora no han respondido y solo nos queda presentar una queja ante la CNDH”, dice Ramos.
El activista denuncia que la búsqueda del joven fue “un mero procedimiento” que no ha arrojado ninguna luz. “No hay nada de investigación”, dice. El protocolo se limita a pedir por escrito información a los ministerios públicos, hospitales, centros penitenciarios y subir su ADN a una plataforma.
La esperanza de Frayde Medina, como de muchas otras familias, está en las declaraciones de los marinos vinculados a proceso por desaparición y que se encuentran en la prisión del Campo Militar, en Ciudad de México. Hasta el momento no ha trascendido cuáles fueron sus testimonios ante el juez, pero sus familiares denunciaron que fueron detenidos con engaños.
“Espero que los familiares ablanden a los marinos y estos hablen. Espero que se haga justicia. No me importa si se llevan a los jefes. Ellos obedecieron órdenes y tienen que pagar”, dice la madre.
Por el momento el caso de Miguel Ángel Rodríguez Frayde está en punto muerto. No hay investigaciones que avancen ni pistas que seguir. Su madre se aferra a la única pista de la que dispone, la de los marinos. Confía en que la FGR retome el caso y pueda saber algún día qué ocurrió con su hijo.
