Disputas por la titularidad de contratos colectivos de trabajo, reanudación de operaciones en minas y pagos por la terminación de la relación laboral, son algunos de los conflictos en los que la Secretaría de Gobernación ha sido facilitador del diálogo entre trabajadores, sindicatos y empresas.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dijo que en coordinación con las secretarías del Trabajo y de Economía, así como los gobiernos locales, se han generado acuerdos.
Ha servido la Secretaría Gobernación como facilitador del diálogo para la atención de seis conflictos mineros en los estados de Sinaloa, Baja California, Guerrero, Zacatecas y Querétaro. Con esta intervención se han escuchado las voces de los interesados y se ha logrado generar acuerdos consensuados en beneficio de todas las partes interesadas, señaló.
Sánchez Cordero expuso que en la mina de San Rafael, Cosalá, Sinaloa, se atiende la disputa de un contrato colectivo de trabajo entre organizaciones sindicales, así como las medidas referentes a medio ambiente y salud.
Se presentaron dos juicios de amparo, por lo que la titularidad del contrato colectivo de trabajo está aún en tribunales. Y también hacer un llamado muy respetuoso a los tribunales que tienen estos dos juicios de amparo para que pudieran resolver a la brevedad posible y nosotros en las negociaciones tener la certeza ya sobre la resolución que emitan, con base a la resolución que emitan, explicó.
En diciembre del 2020 fueron retomadas las negociaciones con la intención de reanudar las operaciones de la mina y conciliar los intereses de la mina y el sindicato, en marzo de 2021 se llevaron a cabo reuniones para un nuevo acuerdo y se trabajó en una carta compromiso con el detalle de los alcances de la reapertura de la mina, ingreso de los trabajadores y la realización de una visita de inspección en materia de seguridad e higiene por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Actualmente las partes se encuentran en pláticas sobre los términos de reapertura de la mina y el ingreso de los trabajadores. Y aquí hacemos un llamado tanto a la empresa minera como a los trabajadores a avanzar en las diversas posiciones que se tienen en la recontratación de algún grupo de trabajadores para que ya podamos avanzar en la reapertura de la mina, indicó.
Por su parte, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde expuso el conflicto que se generó en la mina de Cananea a partir de la privatización en 1990 y en la que se acordó que para la terminación de la relaciones laborales se otorgaría el equivalente al 5 por ciento de las acciones de la mina, pero los recursos no fueron entregados sino hasta después del 14, años con la firma de un acuerdo entre la empresa y el sindicato minero titular del contrato colectivo en donde se evaluó el 5 por ciento de las acciones en 54 millones 84 mil dólares.
La entrega de los recursos provocó inconformidades. Por un lado hubo trabajadores que consideraban tener derecho a la parte proporcional y que no habían recibido pago alguno; otro grupo de trabajadores que recibieron distintas cantidades y consideraban que el pago era incompleto; y por su parte, el sindicato que ha sostenido ser el propietario de dichos recursos, detalló.
Luisa María Alcalde aclaró que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un tercer laudo con algunas directrices para condenar al sindicato, y en otros para absolver lo de juicios en donde las y los trabajadores no habían acreditado su derecho.
La Junta Federal emitió un laudo el pasado 7 de abril de 2021, en donde en 15 expedientes se absuelve al sindicato de las prestaciones que le fueron reclamadas y en seis de los expedientes se condena al sindicato minero para hacer efectivo el derecho de la distribución proporcional de 54 millones de dólares que involucra a 708 trabajadores y a 389 para el pago de las diferencias pendientes.
Frente al laudo se interpusieron seis recursos juicios de amparo, cuatro por parte de 462 trabajadores inconformes, uno por parte del sindicato minero y otro más por parte de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato, por lo que este asunto está pendiente de ser resuelto por los Tribunales de Amparo, precisó.
