Ciudad de México. Ante señalamientos al desempeño del Instituto Nacional Electoral (INE) en la fiscalización de campañas, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, sostuvo hoy que esa misión tiene plazos para arrojar resultados antes de la validación que realizan autoridades jurisdiccionales, por lo que una queja no puede ser motivo para que el organismo o los tribunales se pronuncien sobre “la validez de una campaña o para interrumpir una campaña”.
Por otro lado, el Consejo General del INE ratificó la candidatura de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, de Mónica Range, aun cuando incumplió en la entrega de su informe de gastos de precampaña, como ocurrió en Guerrero y Michoacán (que en su momento derivó en la cancelación de las candidaturas).
En esta ocasión, por 7 votos a favor y 4 en contra, los consejeros establecieron que a pesar de que se detectaron actos de precampaña no reportados y que se omitió entregar el documento, se optó por una multa de 434 mil pesos a la candidata y de 5.9 millones de pesos a Morena, dado que ninguna de las 4 precandidatas entregó el informe de gastos de precampaña.
La consejera, Adriana Favela, dijo que en esta ocasión se determinó solamente imponer una multa a Rangel en virtud de que, ante la cercanía de la elección, ya va muy avanzada la campaña, se privilegie el derecho a votar de los potosinos.
Aun cuando el debate del Consejo General versaba sobre fiscalización de precampañas en San Luis Potosí, Córdova se abrió espacio, sin aludir expresamente a actores políticos, a salir al paso a la coyuntura de campañas específicas, las cuales tampoco refirió explícitamente. El consejero reivindicó el desempeño del INE al fiscalizar las campañas subrayando que no puede pedirse ahora al INE o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncie frente a una queja en específico, en alusión implícita a la contienda en Nuevo León.
Subrayó que el INE sólo puede desahogar la fiscalización de los hechos denunciados y de los gastos de campaña en general al término del proceso electoral, a fin de pronunciarse 47 días después de la elección, es decir, el 22 de julio, a fin de que el TEPJF cuente con todos los insumos necesarios para pronunciarse sobre la validez de determinada campaña.
Córdova destacó que el modelo fiscalizador se modificó sustancialmente en la reforma electoral de 2014 a fin de que haya una fiscalización en términos reales para evitar el ocultamiento de información financiera de las campañas; evitar que se eluda la violación de topes de gastos de campaña; uso intensivo de dinero en efectivo; inhibir dobles contabilidades, la triangulación de operaciones financieras o el uso de empresas fachadas.
En su oportunidad, el consejero Ciro Murayama, se refirió expresamente a las campañas en las que se utilizan tarjetas en Nuevo León, las cuales, dijo, el TEPJF ha validado como un esquema de propaganda, como ocurrió en 2017 en las elecciones de Coahuila y estado de México. Por ello, las denuncias de diferentes actores para que se bajen candidaturas, “esa es una pretensión que la ley no contempla, una vez que una candidatura es registrada la ley no contempla retirarse a media campaña”.
La pretensión de que el INE se pronuncie a medio camino “no tiene validez de la ley”. Explicó que los criterios del TEPJF establecen que los cartones (tarjetas) , si no involucran dádivas a cambio, son propaganda electoral.
Asimismo, señaló que frente a las quejas que se han interpuesto sobre la presunta injerencia del Ejecutivo en la contienda de Nuevo León, el INE remitió a la Comisión Estatal Electoral de esa entidad, esas inconformidades porque, estos organismos regulan las elecciones locales.
En respuesta, el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna recriminó a ambos consejeros desviar la atención del debate sobre la fiscalización de gastos de San Luis Potosí para pronunciarse sobre otros temas ajenos.
“ Habla del federalismo, si esos asuntos se deben resolver en Nuevo León para que se pronuncia, si es competencia la Fepade, violando imparcialidad, por la que nuestro partido esta denunciando a candidatos de otros partidos. Como el gran juzgador que se cree ser, diciendo que es valido, no es el momento ni el lugar, si usted dice que no tiene competencia, le gana a ustedla euforia por defender todo lo que sea oposición”.
Por otro lado, el dictamen sobre procesos oficiosos en contra de precandidatas de Morena en San Luis Potosí, dividió a los consejeros. A diferencia de los casos de Felix Salgado Macedonio y Raúl Morón en Guerrero y Michoacán, el incumplimiento de entrega de informe de gastos de precampaña de Mónica Rangel -actual candidata a gobernadora – pues se impone una multa a diferencia de la cancelación de la candidatura
Al respecto, la consejera, Adriana Favela dijo que el cambio de criterio obedece a la necesidad de privilegiar “el derecho al voto de los ciudadanos” en la entidad pues falta ya poco tiempo para la elección.
El consejero, Uuc Kib Espadas, reivindicó que en este caso, se haya optado por medir la proporcionalidad entre las faltas y las sanciones, imponiendo sanciones drásticas (una multa de 5.9 millones a Morena por el incumplimiento en este informe y sanciones a las precandidatas individuales, sin cancelar la candidatura.
Sin embargo, para la consejera Claudia Zavala, el INE no tendría porqué modificar sus criterios aplicables en Guerrero y Michoacán, tratándose de la misma falta. Incluso consideró que no se podía ahora considerar que el asunto no fue doloso ni culposo, que solo hubo negligencia cuando las actividades detectadas “tiene visos de actos anticipados de campaña, por lo que no podemos dejar espacios a simulaciones o fraudes a las leyendas.
Fuente: La Jornada
