Una mayoría de cinco integrantes del pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal acusó a su presidente, el magistrado José Luis Vargas Valdez, de haber tomado unilateralmente, y de último momento, la decisión de aplazar la sesión de este jueves en la que se votaría el proyecto relativo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio.
La magistrada Janine Otálora y los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes e Indalfer Infante -ponente del proyecto que se iba a discutir- enviaron a Vargas una carta en la que señalan que no es atribución personal del presidente del Tribunal decidir sobre la celebración, o no, de una sesión programada. Sólo la magistrada Mónica Soto no firmó el pronunciamiento contra Vargas, pese a que la carta le fue circulada.
Los magistrados firmantes señalaron que la decisión de diferir la sesión privada y la pública previstas para este jueves les fue comunicada sin previa consulta, mediante el correo institucional, a las 21:39 horas del miércoles.
Agregaron que aplazar la resolución de asuntos sobre el registro de candidaturas afecta la impartición de justicia en un proceso electoral ya en curso, no sólo en el caso de Salgado, sino también de Raúl Morón, cuyo asunto también estaba agendado en la sesión de este jueves.
“Al respecto, consideramos que la determinación de diferir las sesiones fue tomada unilateralmente, en contravención de las atribuciones del Pleno de este órgano jurisdiccional federal en lo atinente a la definición de los asuntos por resolver y la fijación de la agenda jurisdiccional”, indica la carta en poder de Animal Político.
“Asimismo, estimamos que esa determinación afecta la impartición de la justicia constitucional electoral encomendada a este tribunal, toda vez que implica el aplazamiento del análisis y resolución de asuntos relacionados, entre otros, con el registro de las candidaturas, en el entendido que las campañas electorales iniciaron el pasado 3 de abril”.
Los magistrados apremiaron al presidente Vargas a reponer hoy mismo la sesión que había sido programada previamente.
Agregaron que esta no ha sido la única sesión que ha sido aplazada por el presidente de la Sala Superior, sino también la relativa a los criterios para impedir la sobrerrepresentación en las Cámaras mediante la asignación de candidaturas plurinominales.
“No alcanzamos a apreciar las justificaciones por las cuales se difieren las sesiones referidas, pero consideramos que ello implica trastocar principios constitucionales que es nuestra responsabilidad guardar, tales como la certeza, transparencia y seguridad jurídica, máxime si se toma en cuenta que estamos en el proceso electoral más grande de la historia de nuestro país (recordando que todos los días y horas son hábiles), respecto del cual este Tribunal constitucional tiene una responsabilidad con la ciudadanía y los actores políticos”, dice el pronunciamiento.
“Diferir la celebración de sesiones públicas de manera unilateral por parte de la Presidencia de este órgano judicial, implicando no sesionar durante casi dos semanas y, por ende, no resolver asuntos jurisdiccionales durante una semana, no abona a la certeza, a la seguridad jurídica y tampoco a la confiabilidad de esta institución”.
En la carta, los magistrados exponen que entre las facultades conferidas al pleno de la Sala Superior, como órgano colegiado, se encuentra “la definición de los asuntos por resolver y la fijación de la agenda jurisdiccional, en tanto que la persona titular de la presidencia del Tribunal Electoral y de la Sala Superior, en ese aspecto, sólo tiene atribuciones de orden instrumental”.
Conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, añadieron, la Sala Superior debe fijar los días y horas en que debe sesionar y convocar a sesiones públicas.
