Columna Agenda Abierta
Lentamente pero con paso firme la Sedatu ha iniciado en el sur del estado un proceso de medición y deslinde de terrenos en los municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas, San Ignacio Río Muerto, Bácum y Benito Juárez que, con alta probabilidad, terminará en la reasignación de propiedad a través de la figura de enajenación de los predios señalados, según lo que la propia Ley Agraria establece.
De acuerdo con la información oficial, se recibieron 23 solicitudes de enajenación los días 26 y 27 de enero de 2021 por parte de la comunidad indígena del Pueblo Yaqui, por lo que conforme a las atribuciones legales establecidas en la Ley Agraria, se iniciaron de oficio 17 procedimientos para analizar la declaratoria de terrenos nacionales, una vez que se comprueben que son terrenos baldíos; es decir, sin propietarios.
Es un tema delicado, si se consideran los antecedentes –por allá de 1976-, de este tipo de circunstancias en la región, cuando con poca claridad y con la concurrencia de conflictos se vivió un proceso expropiatorio.
Se ha escuchado por parte de algunos actores, el compromiso de cumplir con una deuda histórica con los pueblos indígenas u originarios, como se les ha dado en llamar en el pasado reciente.
Sin duda es necesario atender los reclamos y requerimientos de las localidades involucradas; por ello es importante tener mucha claridad respecto a los beneficios de nuestras comunidades indígenas. Nadie estaría en contra del pleno desarrollo de todas las etnias de Sonora, lo delicado de un planteamiento sin respeto sería garantizar el beneficio de unos a costa del perjuicio de otros sectores y segmentos de la población. Se trata de que todos avancen, no que en detrimento de unos avancen otros.
Lo cuestionable no es la legalidad del asunto; sin duda el tema ha sido llevado con seguimiento puntual a la Ley Agraria, se han publicado los 40 avisos de deslinde en el Diario Oficial de la Federación los días 5, 8 y 9 de marzo; en el Boletín Oficial del estado de Sonora el 11 de marzo; en el periódico Tribuna del Yaqui el 15, 16, 17 y 18 de marzo, y se ha cumplido con su publicación en los estrados en los municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas, San Ignacio Río Muerto y Benito Juárez el 19 de marzo. En este proceso de medición y deslinde se ha abierto una ventana de 30 días hábiles que, si consideramos la última publicación, se cumpliría el 18 de abril como la fecha límite para que los interesados acudan a las instancias de Sedatu para, como dicen los abogados, hagan valer lo que a su derecho convenga.
Lo importante para beneficio de todos –interesados, autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil- es que se cumpla totalmente el principio de legalidad y que sea máxima la publicidad en todo momento de las diversas etapas del proceso, debe existir plena transparencia y certeza para todos los involucrados.
Es sumamente relevante que en esta etapa de medición y deslinde, por parte de la SEDATU (gobierno federal), se respeten todos los derechos de propietarios, poseedores, colindantes y cualquiera que pudiera verse eventualmente afectado, y que existan las instancias suficientemente acreditadas para brindar información, dialogar y orientar sobre el mismo proceso.
Seguramente serán muchos los agricultores, ejidatarios, ganaderos y sectores que estarán involucrados en este proceso y a los que se debe escuchar, con la sensibilidad a sus inquietudes, atención a sus necesidades y respeto a los legítimos intereses de cada quien. La máxima difusión del tema, la sana deliberación pública y la conducción legítima del asunto redundará en beneficios y certidumbre para todas las comunidades de Cajeme, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Guaymas y Empalme, y contribuirá a garantizar un bien preciado de la gobernanza: la paz social.
Por Moisés Gómez Reyna
Twitter: @GomezReyna
