Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, calificó las acusaciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como una “embestida política” y un “linchamiento político”.
El mandatario se refirió hoy a los argumentos que expuso Santiago Nieto ante la Cámara de Diputados, donde dijo que García Cabeza de Vaca compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
“La presentación del titular de la UIF, extralimitándose de sus atribuciones, comprueba de nueva cuenta que todo esto se trata de una embestida política, con fines electorales, y un linchamiento político para distraer la atención de los graves problemas que hoy en día se tienen en nuestro país”, dijo el Gobernador en un video difundido esta tarde en sus redes sociales.
De acuerdo con el Gobernador panista, el titular de la UIF reconoció que no encontró vínculos con el crimen organizado.
“Aceptó que no tuvo elementos para sustentar el supuesto robo de armas que mencionó en su intervención, durante la audiencia se probó que esa imputación provino de una publicación en una página de internet y no de una fuente o agencia de seguridad e carácter internacional, como afirmó en su intervención inicial. En esta audiencia quedó más que claro que no hay pruebas en las denuncias y en el expediente de todas esas fantasiosas imputaciones, ninguna de las casas que mostró en su presentación es de mi propiedad”, expuso.
También criticó que la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República se base exclusivamente en la compra venta de un departamento que, aseguró, “fue reportado con toda puntualidad” en sus declaraciones patrimoniales y fiscales. “Resulta lamentable que el doctor Nieto Castillo exponga información que no guarda relación con el caso, peor aún, que además incluyera datos y conjeturas notoriamente falsas”, agregó.
García Cabeza de Vaca afronta un juicio político en la Cámara de Diputados federal a raíz de una denuncia por corrupción interpuesta por la Fiscalía General de la República.
El mandatario opinó que la realización de la audiencia pública de esta tarde vulneró sus derechos humanos a la presunción de inocencia y a la privacidad porque “se formularon especulaciones sin sustento y se difundió información imprecisa y descontextualizada de su patrimonio y de terceros”.
